El reciente operativo contra el huachicol en Tampico, Tamaulipas, no sólo representa un golpe histórico por la magnitud del decomiso que, según cifras oficiales, asciende a más de 10 millones de litros de combustible asegurados y 14 detenidos entre empresarios, marinos y funcionarios, sino que también destapa un entramado que toca de lleno la vida política de San Luis Potosí.
Entre los aprehendidos se encuentra Héctor “N.”, empresario huasteco y excandidato del PRI a la alcaldía de Ébano, cuya captura exhibe la cercanía de las estructuras políticas con redes delictivas que operan a gran escala.
La noticia incomoda porque Héctor no era un desconocido: tenía relaciones visibles con el PRI, partido que lo impulsó en su momento, pero también con empresarios, líderes sociales y actores del municipio gobernado actualmente por José Guadalupe Ordaz, presidente municipal panista. Es decir, su figura no se limitaba a la militancia priísta, sino que formaba parte de un ecosistema donde los vínculos personales, familiares y de negocios rebasan los colores partidistas.
Lo delicado no es sólo la acusación que lo relaciona con el contrabando fiscal de combustibles, sino la forma en que su nombre circulaba en los espacios públicos de la Huasteca como intermediario, gestor o aliado político. En un municipio donde la política se hace de cercanías y donde los empresarios se confunden con los operadores de campaña, es inevitable preguntarse hasta qué punto estas redes ilegales se han alimentado de la tolerancia de quienes deberían vigilar.
Lo que el caso evidencia es que la frontera entre la actividad empresarial legítima y la colusión con prácticas criminales se vuelve demasiado delgada cuando se normaliza la convivencia con actores que prosperan gracias a privilegios, contratos opacos o favores oficiales.
El golpe para San Luis Potosí es profundo. En primer lugar, porque muestra la vulnerabilidad de los partidos a la hora de seleccionar candidatos; el PRI debe responder por qué colocó a Héctor como su abanderado en Ébano, mientras que el PAN, hoy en el gobierno municipal, está obligado a transparentar si existieron o existen relaciones de negocios, contratos o acuerdos con él o sus empresas. En segundo término, porque deja al descubierto que las redes de huachicol no son ajenas al estado potosino y que afectan directamente a la economía local, distorsionan los precios de los combustibles, generan competencia desleal contra quienes cumplen con la ley y, al mismo tiempo, privan al Estado de recursos millonarios que deberían destinarse a servicios públicos.
Por su fuera poco, en tercer lugar, porque golpean la confianza ciudadana. Cuando la gente ve que empresarios, políticos y hasta autoridades de seguridad terminan formando parte de un mismo engranaje, el mensaje que se envía es que las instituciones no son dique contra la ilegalidad, sino piezas de la misma maquinaria.
El caso obliga a la sociedad potosina a exigir claridad. No basta con declaraciones tibias ni con deslindes de ocasión. Se requiere rendición de cuentas real; publicación de contratos, auditorías a proveedores vinculados con hidrocarburos, revisión de padrones empresariales y explicaciones públicas de los partidos. De lo contrario, el daño será doble: por un lado, la pérdida material causada por la evasión fiscal y la distorsión del mercado, y por otro, la erosión política que deja a la ciudadanía con la percepción de que todo se negocia y todo se compra.
El mensaje es claro. En San Luis Potosí, ya no es suficiente presumir cercanía con el poder o con el empresario influyente de la región. La política local necesita entender que la legitimidad se construye con transparencia y con distancia de las redes criminales. Héctor “N.” cayó en un operativo federal que estremeció al país, pero el eco de esa caída retumba aquí, en Ébano y en toda la Huasteca. Porque si algo ha quedado demostrado es que la cercanía con ciertos personajes, cuando huele a combustible sin factura, termina costándole muy caro a la vida pública de todo México.
Cavilaciones:
Primera: La Arena Potosí es el recinto en el que el gobernador, Ricardo Gallardo, rendirá su Cuarto Informe de Gobierno. La obra insignia del Gallardato permitirá ver a la clase política, propios y extraños y, como diría Buzz Lightyear, amigos y enemigos ¡Miau!
Segunda: Grave, muy grave, que dos mandos de la Guardia Civil sean acusados por una mujer obligada a confesar bajo amenaza de un grupo delictivo. Un comandante de apellido Santillán tiene los señalamientos más fuertes porque, además de obligar a la joven a confesar sus vínculos con un grupo generador de violencia, abusó sexualmente de ella. El otro, un comandante destacamentado en Charcas, hizo lo propio. Estas conductas vienen a manchar el buen desempeño que, hasta ahora, se había observado al secretario de Seguridad, Jesús Juárez. Así pasa cuando sucede.
Tercera: En la Glorieta González Bocanegra ocurrió un accidente terrible. Una joven estudiante fue embestida por una conductora distraída. La víctima cayó al desnivel. Esa zona es de cruce de peatones, Muchos jóvenes universitarios, trabajadores del Hospital Central, personas que transbordan camiones urbanos utilizan ese paso siempre olvidado por las autoridades de tránsito, situación que se agrava con la formadera de taxis frente al hospital, lo que impiden la buena visibilidad. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto, ordenen a los taxis, sancionen a quienes usan el teléfono mientras conducen y protejan a los peatones. Y si no pueden, puedo traer unos cuantos amigos felinos para que pongan orden.
