El pasado domingo 1 de junio se celebró, en San Luis Potosí, la histórica elección judicial que, más que perfilar un avance hacia la imparcialidad y la justicia, parece haber reafirmado el poder de los intereses partidistas sobre el Estado de Derecho y las instituciones públicas.
Este miércoles, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) informó que ya concluyó los cómputos y, aunque aún falta que los ganadores de la contienda pasen el filtro de elegibilidad, el mensaje político es claro desde ahora; los nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado ya tienen rostro… y color.
De los 15 magistrados que integrarán el Supremo Tribunal, ocho son mujeres y siete son hombres. En términos de género, el equilibrio es positivo, pero la verdadera paridad, aquella que tiene que ver con las ideas, la independencia y el compromiso con la ley por encima de la lealtad política, parece estar aún muy lejana. La mayoría de los perfiles seleccionados tienen vínculos evidentes con partidos como el Verde Ecologista y con Morena. Esto convierte a un ejercicio que debería ser una decisión basada en méritos jurídicos y trayectorias imparciales en una repartición de cuotas políticas.
La elección, entonces, no sorprendió. Se resume a una operación política eficaz, pero poco transparente en términos de mérito y verdadera independencia judicial. Y ese es el problema de fondo: cuando los nombramientos se definen más por lealtades partidistas que por trayectorias jurídicas, la imparcialidad del Poder Judicial queda en entredicho.
La justicia no puede ni debe estar al servicio de los partidos. La legitimidad de los tribunales se basa en la confianza ciudadana y esta se erosiona cuando los magistrados llegan con una etiqueta ideológica visible antes de haber dictado su primera sentencia. Algunos de ellos, aclaro, son juristas destacados, pero con relaciones muy claras. No diré nombres, sabemos bien quiénes son.
Queda pendiente el filtro de elegibilidad, ese último paso que podría, en teoría, impedir que lleguen al Tribunal quienes no cumplan con los requisitos, pero seamos honestos, este filtro difícilmente revertirá una tendencia ya marcada.
La justicia, si quiere ser verdaderamente ciega, necesita quitarse primero la camiseta de partido.
Cavilaciones:
Primera: En Real de Catorce, están muy preocupados por la caída de la actividad turística. Los hoteleros, restauranteros y comerciantes piden a gritos que alguien intervenga porque están en total estado de indefensión. Del presidente municipal, Javier Sandoval Torres, El Viejito Verde, nada se sabe. No ha ido a trabajar porque se le descompuso el helicóptero. Como ni vive ahí, ni siquiera le importa presentarse a cumplir con su responsabilidad.
Segunda: Según cuentan, el Gobierno Federal ha comenzado la modernización de la carretera Tamazunchale, SLP-Huejutla, Hidalgo. Los trabajos iniciales cubrirán 30 de los 97 kilómetros de vía y los trabajos durarán dos años. A propósito, dicen que el insufrible delegado de la SCT en territorio del Potosí, Elí Cervantes, es bien descaradote para pedir moches. Es cochino y trompudo el morenista.
Tercera: Y ya que andamos por la Huasteca, trascendió que la dirigente de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, está muy arrepentida de haber promovido a José Blanco Barrios, El Piri, como delegado de los Programas de Vivienda del Bienestar. A sus allegados, Rita les dice que es un bueno para nada. Los amigos de este felino aseguran que cada que se refiere a él recita un rosario de groserías. Las palabrotas, aseguran, dejarían pálido a cualquiera que se desgañite en un lupanar ¡Miau!
