La muerte de Jorge Eduardo Dávila, pasante de la Facultad de Estomatología de la UASLP, ha sacudido a San Luis Potosí. Un joven de 23 años, a punto de terminar su servicio social, perdió la vida la noche del 7 de noviembre en un presunto asalto cerca de la Zona Universitaria Poniente.
Las versiones oficiales señalan que fue interceptado por sujetos armados que intentaron robarle su automóvil. Jorge habría tratado de resistirse y fue baleado. Murió poco después en el hospital. La universidad y sus compañeros exigieron justicia y mayor seguridad en los alrededores del campus, donde ya se habían reportado robos y agresiones.
El caso tomó, sin embargo, un rumbo inesperado cuando una regidora del PRI empezó a difundir una versión diferente. Según ella, Jorge no fue víctima de un asalto, sino que fue ejecutado para mandar un mensaje a su madre, quien es funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. La regidora, además, ha sido abiertamente crítica hacia la madre del joven. Incluso, promovió publicaciones en las que se le acusa (sin pruebas) de extorsionar a policías municipales.
La gravedad de lo que dice la regidora no puede tomarse a la ligera. Si asegura que la muerte del joven fue un mensaje dirigido, ¿cómo lo sabe? ¿Tenía información previa sobre lo que iba a ocurrir? Si era así, ¿por qué no lo denunció a tiempo? ¿Por qué no alertó al alcalde o a las autoridades de Seguridad Pública? Y lo más delicado: ¿podrían estar involucrados policías municipales, como sugiere su discurso?
¿O simplemente usa la tragedia para alimentar un pleito político con la madre del muchacho?
Cualquiera de estas posibilidades es grave. Si lo que dice es cierto, debe investigarse a fondo. Si no lo es, la regidora está jugando con la memoria de un joven asesinado y con el dolor de su familia.
Mientras tanto, la Fiscalía estatal sigue la investigación sin ofrecer resultados claros. No hay detenidos ni una versión oficial definitiva. Y la comunidad universitaria sigue con miedo. Saben que, si a Jorge lo mataron a unas cuadras de su facultad, cualquiera de ellos podría ser el siguiente.
Por eso este caso no debe perderse entre rumores ni intereses políticos. Jorge merece justicia, no versiones enfrentadas. Su familia merece verdad, no ataques disfrazados de valentía.
Y San Luis Potosí merece algo más que indignación momentánea, merece que las autoridades, municipales y estatales, se tomen en serio la seguridad de sus jóvenes. La seguridad pública enfrenta una crisis, pero la justicia también está contra la pared. A la Fiscalía se le acumulan los casos.
