Estados Unidos ha dado un paso que impactará de lleno a millones de familias mexicanas; la aprobación de un nuevo impuesto del 3.5 por ciento sobre las remesas enviadas por paisanos a sus familias mexicanas y, aunque esta medida se presenta como parte de un ambicioso paquete legislativo del presidente Donald Trump, lo cierto es que su efecto será profundo y desalentador, particularmente en estados como San Luis Potosí, donde las remesas son una fuente vital de ingreso y estabilidad social.
En 2024, México recibió más de 64 mil millones de dólares en remesas, de los cuales una porción importante llegó a municipios potosinos como Matehuala, Tamazunchale, Rioverde, Ciudad Valles y muchas comunidades rurales donde el empleo formal escasea y la migración es una opción obligada más que voluntaria. Estos recursos no sólo ayudan a sostener la economía familiar, sino que dinamizan el consumo local, financian pequeñas construcciones, educación y, en muchos casos, representan el único ingreso constante para decenas de miles de hogares.
El nuevo impuesto significa que, por cada 100 dólares enviados, las familias recibirán solo 96.50. Podrá parecer poco desde una perspectiva macroeconómica, pero para quienes reciben el equivalente a dos o trescientos dólares al mes, representa la diferencia entre pagar la escuela de un hijo o surtir una despensa básica.
El gobierno federal mexicano ha logrado, tras negociaciones diplomáticas encabezadas por el embajador Esteban Moctezuma y senadores como la potosina Ruth González, reducir el impuesto inicial del cinco al 3.5 por ciento, sin embargo, la medida sigue siendo injusta. No sólo la idea de que se lucra con el esfuerzo de quienes han tenido que dejar su país para sobrevivir, sino que penaliza a sus familias por depender de ellos. Es, en esencia, un castigo económico a la pobreza.
San Luis Potosí no puede mirar este tema desde lejos. Las remesas tienen un rostro, una historia, un origen en nuestras comunidades. Afectar ese flujo no sólo encarecerá la vida de quienes menos tienen, sino que puede provocar una cadena de efectos adversos: disminución del consumo local, mayor presión sobre programas sociales y, en algunos casos, una mayor vulnerabilidad a la delincuencia.
Las autoridades estatales deben alzar la voz. No basta con reconocer el problema. Es necesario actuar, generar alternativas financieras más accesibles, apoyar a las familias receptoras con educación financiera y presionar, junto con el Gobierno Federal, para que esta medida no prospere o al menos se modifique en el Senado estadounidense.
Este impuesto no es sólo un tema de política internacional o de finanzas, es una herida directa al corazón de miles de familias potosinas. Y como tal, merece una respuesta firme, unida y, sobre todo, humana.
Cavilaciones:
Primero: Hace unos días, el Ayuntamiento de la capital clausuró las instalaciones de Cinemex El Paseo. Resulta que el establecimiento no tenía licencia de funcionamiento. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
Segunda: La presidenta Claudia Sheinbaum viene el sábado al municipio de Villa Hidalgo, según informó la dirigente estatal del partido Morena, Rita Ozalia Rodríguez. Los grillos que regentean a la doña Rita, ya andaban vendiendo favores pensando que la mandataria vendría a la capital potosina. Por esta vez, se van a pasar a perjudicar ¡Miau!
Tercera: Alguien le debe poner un alto al energúmeno presidente municipal de Rioverde. Arnulfo Urbiola. Enfermo de poder, el tipo atentó contra el domicilio del excandidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, Leobardo Guerrero. Feo por dentro y por fuera, el señor está convertido en un tirano que opera al estilo del crimen organizado. Por cierto, hace días circuló un video de un presunto integrante del CJNG donde lo implica en diversas operaciones de ese grupo. A ver si la FGR le pone ojo antes de que estalle en escándalo.
