El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, no es un hecho aislado ni un simple episodio de violencia política. Es, más bien, el retrato de un país donde ejercer el poder municipal se ha convertido en una ruleta rusa. En México, ser presidente municipal, hoy, equivale a administrar un territorio fragmentado, donde la autoridad legítima compite, y muchas veces pacta, con la autoridad de facto; el crimen organizado.
Desde los tiempos en que Los Zetas sembraron el terror y redefinieron la geografía del miedo, no se había visto una situación tan extendida y tan normalizada como la actual. Hoy, el mapa de México se parece más a un tablero de concesiones criminales que a una federación de municipios. Hay zonas donde la alcaldía es apenas una fachada institucional; los verdaderos operadores están detrás, con pasamontañas o con portafolios, pero siempre armados.
El caso de Manzo es particularmente simbólico porque representa lo que debería ser un punto de inflexión; un alcalde que desafió a los grupos delictivos, que denunció públicamente la colusión de autoridades con el crimen y que exigió apoyo federal. Su asesinato, cometido en público, durante una festividad popular, y pese a tener protección oficial, demuestra no sólo la vulnerabilidad de los funcionarios, sino también la ineficacia de la estrategia nacional de seguridad.
Porque, seamos claros, lo de “abrazos, no balazos” no fue una política efectiva. El Gobierno Federal quedó contra la pared. No por un caso aislado, sino porque cada ejecución, cada atentado, cada amenaza documenta lo que ya es un consenso; la estrategia no funciona. No hay contención, no hay prevención y, en muchos lugares, ni siquiera hay autoridad.
Y mientras tanto, muchos presidentes municipales enfrentan el dilema más crudo del sistema: gobernar o sobrevivir. Algunos, los menos, intentan resistir. Otros, los más pragmáticos, prefieren negociar. Las alianzas con los cárteles ya no son rumores, sino una mecánica de gobierno no escrita. Hay regiones donde los grupos criminales deciden quién será el director de Seguridad, quién controla Comercio o quién reparte los contratos de Obras Públicas. Las dependencias estratégicas se vuelven fichas de intercambio, y la gobernabilidad depende de mantener satisfecho al poder paralelo.
Así, los municipios más vulnerables no sólo padecen la violencia, la administran. Los alcaldes sobreviven a cambio de silencio, mientras los ciudadanos sobreviven a cambio de miedo. En esta dinámica perversa, el Estado se desdibuja, la ley se convierte en ornamento y la política local en un teatro de sombras donde todos saben quién manda, pero nadie lo dice en voz alta.
El homicidio de Manzo es una advertencia con eco nacional. No sólo demuestra la fragilidad de la seguridad pública, sino también el costo de tener gobiernos federales y estatales que han normalizado la violencia como parte del paisaje político. En Michoacán, en Zacatecas, o en Guerrero, la historia se repite; alcaldes amenazados, corporaciones infiltradas, elecciones condicionadas.
México ha llegado a un punto en el que ya no basta con exigir justicia por cada crimen. Hace falta preguntarse cuántos gobiernos municipales siguen siendo auténticamente libres y cuántos operan bajo tutela criminal. Porque si el país permite que los alcaldes sigan cayendo, unos por valentía, otros por conveniencia, llegará el momento en que no habrá nadie dispuesto a gobernar, y los municipios dejarán de ser parte del Estado mexicano para convertirse, abiertamente, en territorios administrados por el miedo. La Federación, hoy, nos debe mucho.
Cavilaciones:
Primera: Dos mil millones de pesos en un paquete de obras se invertirán en la capital potosina en el 2026. El gobernador, Ricardo Gallardo, y el alcalde capitalino, Enrique Galindo, por fin han entendido la importancia de anteponer el interés general al personal y a los de sus aconsejadores.
Segunda: Los agentes operativos y administrativos de la Guardia Civil del Estado recibirán un aumento de sueldo y equipo para realizar sus labores ¡Urge, urge, urge! Porque, sobre todo en municipios del Altiplano, los grupos generadores de violencia se pasean a sus anchas y controlan todo. Y todo, es todo. Este fin de semana hubo un bailongo con balacera y heridos incluidos, pero nadie habla de esas cosas que mantienen en vilo a la población.
Tercera: En Rioverde, el termómetro delictivo sigue subiendo. Este fin de semana hubo otra balacera y persecución que concluyó con el aseguramiento de una camioneta con algunos artefactos, pero los delincuentes huyeron a pie. Sí, queridos gatunos, huyeron a pie. Consecuencias de cuatro años de permisividad del alcalde, Arnulfo Urbiola. Pobres habitantes de la capital del mundo, tan lejos de Dios y tan cerca de este ser ¡Miau!
