Por fin apareció la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí. Y no, no fue para investigar redes de huachicoleo, desmantelar bandas de robo a transporte de carga o frenar los asaltos que tienen en jaque a conductores que transitan sobre la carretera 57. Tampoco fue para esclarecer el trasiego de armas o atender los reportes de extorsión que siguen acumulando polvo en sus escritorios. No. La FGR decidió que era más urgente catear una casa en el exclusivo fraccionamiento Club de Golf La Loma por un caso de violencia familiar.
Por supuesto, no se trata de minimizar la gravedad de una denuncia por agresión doméstica, pero resulta imposible no preguntarse si ese caso ameritaba un operativo digno de película de acción, con camionetas, agentes y un despliegue mediático que parecía más interesado en los reflectores que en la justicia. La cereza del pastel: encontraron un arma de uso exclusivo del Ejército. ¿Coincidencia afortunada? Tal vez. ¿Exceso de protagonismo? También.
Desde febrero, cuando fue presentado formalmente, Rafael Marín Álvarez, delegado de la FGR en San Luis Potosí, permanece en modo “leyenda urbana”, todos hablan de él, pero nadie lo ha visto. Su ausencia ha sido tan prolongada que algunos ya creen que fue un invento del gobierno federal para justificar la inacción de la Fiscalía en el estado. Porque si algo ha caracterizado a esta representación en los últimos años es su impresionante capacidad para no hacer nada. O para hacerlo mal.
En las zonas industriales y comerciales de San Luis abundan las denuncias por robos con violencia. El transporte de carga es un blanco constante. El tráfico de combustibles y los casos de delincuencia organizada que sí ameritan intervención federal… bueno, esos parecen no interesarle al Ministerio Público de la Federación.
La actuación reciente en La Loma dejó en evidencia algo más que un mal cálculo operativo, mostró las prioridades distorsionadas de una institución que se ha vuelto espectadora de los delitos que realmente lastiman a la sociedad. Cuando la FGR se vuelve selectiva y caprichosa en su actuación, su legitimidad se resquebraja. Y cuando sólo aparece para montar escenas de acción en zonas VIP, en lugar de enfrentar los verdaderos focos rojos del estado, la ciudadanía pierde confianza en la institución.
La justicia, como la autoridad, no puede ser un espectáculo de ocasión. Ni un pretexto para asomar la cabeza cuando hay oportunidad de lucirse. San Luis Potosí necesita una Fiscalía presente, profesional y efectiva. No una oficina de efectos especiales que sólo se activa cuando hay reflectores.
Cavilaciones:
Primera: En la Huasteca Potosina, la temporada vacacional no ha resultado como los prestadores de servicio quisieran. Lo cierto es que, según los promotores, ha faltado promoción. Esa es la mala. La buena, que las vacaciones terminan hasta septiembre ¡Miau!
Segunda: Personal de Obras Públicas del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado andan jugando al «tú la traes». Resulta que, hace días, el gobernador Ricardo Gallardo entregó unas canchas deportivas en la colonia Las Julias y grande fue su sorpresa al descubrir que, al día siguiente, personal del Ayuntamiento capitalino fue a pintarlas de azul. Al poco tiempo, al transitar por la avenida Himno Nacional, personal del Ejecutivo se percató de que el color verde que se colocó en las guarniciones había sido cambiado por amarillo. A nadie beneficia este tipo de conductas. Por cierto, Christian Azuara, director de Servicios Municipales, se lava las manos diciendo que él sólo recibe órdenes y que «usted disculpe».
Tercera: En una reunión secreta, la senadora y dirigente del PAN, Vero Rodríguez, dijo a sus cercanos que el proyecto para la gubernatura en el 2027 es ella y que ya se ve como candidata, que, en México, le han ofrecido financiamiento y que va de la mano del senador, Marko Cortés, hasta donde tope ¡No, pues miau!
