La reciente reforma al Poder Judicial de San Luis Potosí representó un cambio de fondo y, como todo movimiento estructural, implicaba riesgos. Uno de ellos, y quizás el más evidente desde el principio, fue la ausencia de un protocolo legal para el proceso de entrega-recepción. Hoy, tras la definición de los perfiles que asumirán la titularidad de las nuevas magistraturas, ese vacío empieza a sentirse con fuerza.
Como se recordará, la reforma eliminó al Consejo de la Judicatura, eliminó una magistratura y ordenó la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Una transformación de ese calibre requiere una transición ordenada, transparente y, sobre todo, sustentada en la ley, sin embargo, sorprendentemente, el Congreso del Estado no previó el cómo. ¿Cómo se entregan expedientes? ¿Cómo se transfiere el manejo del presupuesto, del personal, del patrimonio institucional? Nada de esto quedó claramente definido en la legislación. Por desgracia, cuando no hay reglas claras, reina la discrecionalidad.
En este escenario improvisado, se ha dado a conocer que será Arturo Morales Silva, actual presidente del Supremo Tribunal (y próximo magistrado también) quien deberá encabezar los trabajos de entrega a Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien resultó ser la más votada en la pasada elección. Así pues, Morales Silva deberá poner al tanto a su sucesora de los problemas, carencias y activos del Poder judicial, eso sin contar que enfrentan un terrible rezado en todas las materias; civil, penal, mercantil, cuestiones tecnológicas y las naturales resistencias del personal a nuevas formas de trabajar. Todo esto, deberá darse como Dios les dé a entender, porque no hay una ley que les diga cómo hacerlo.
Según ha informado el Instituto de Fiscalización Superior, ante la falta de normativas, será él (el IFSE) quien vigile, al menos por esta ocasión, mientras presenta una ley al respecto y se llenan los huecos legales. Que este proceso recaiga en instituciones fiscalizadoras está bien, pero que se deba a la falta de una ley que lo regule está mal. Muy mal. No puede haber democracia institucional si las transiciones dependen de la buena voluntad de los actores y no de marcos legales claros.
El proceso comenzará en septiembre y durará 45 días. Habrá dos etapas: una técnica-jurídica y otra administrativa. Todo suena correcto en el papel, pero sin una base legal sólida ¿Quién garantiza que lo que se haga será lo correcto?
El Congreso del Estado tiene una deuda con la ciudadanía. Su falta de previsión al legislar ha generado incertidumbre en un momento clave. Ya es tarde para corregir y lo que es un hecho es que urge una ley que norme las entregas-recepciones en casos de reformas estructurales, porque una justicia sin orden institucional, no es justicia, es improvisación.
Cavilaciones:
Primera: Tras el anuncio del cierre de la planta de llantas Michelín en Querétaro, se desataron rumores de despidos en las plantas llanteras que operan en la Zona industrial del Potosí. El legendario sindicato de General Tire ya se puso manos a la obra, por si las moscas.
Segunda: Lo que sí es una realidad es el despido escalonado de empresas norteamericanas en San Luis Potosí. Desde hace un mes, cada semana se notifica la baja a empleados de diversas compañías y la razón es la misma; las políticas del presidente de EUA, Donald Trump. Cuidar el empleo es lo que hay que hacer.
Tercera: Donde sigue la mata dando es en Villa de Pozos. El cabildo provisional ni suda ni se abochorna. Regidores, síndicos, la alcaldesa, los funcionarios, salieron muy buenos, pero buenos para cobrar y no hay quien le responda a los habitantes de esa demarcación, tan lejos de Dios y gobernado por puro vividor ¡Miau!
