En San Luis Potosí está ocurriendo algo que no es común ver en la política de seguridad pública del país; una transformación de fondo, no sólo de forma. La reciente iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para que los 59 municipios del estado estén obligados a pensionar a sus policías, no es un gesto aislado ni un acto meramente mediático, es la culminación lógica de un proceso que comenzó hace casi cuatro años y que hoy muestra resultados contundentes.
Según cifras del INEGI y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos han venido a la baja. En los últimos años del sexenio de Juan Manuel Carreras, San Luis vivía meses con más de 100 homicidios dolosos. Un escenario de sangre, impunidad y control criminal en varias zonas del estado. En cambio, por dar un ejemplo, junio de 2025 cerró con apenas 14 crímenes de este tipo, una cifra que habla de un cambio profundo, de una nueva estrategia y de una apuesta seria por la seguridad.
Este logro no es producto de la casualidad ni de la inercia. Mucho ha tenido que ver el trabajo puntual y firme del secretario de Seguridad Pública, Jesús Juárez Hernández, quien, desde su llegada, no sólo encabezó una limpia quirúrgica en la Guardia Civil Estatal, sino que también supervisó la depuración en las corporaciones municipales. Se habla de más de 600 policías dados de baja y otros tantos jubilados y es que para nadie era un secreto que muchos de esos elementos estaban coludidos con el crimen organizado. Esa complicidad permitió los años más oscuros que ha vivido San Luis en décadas recientes.
Hoy, en cambio, hay más de mil 300 nuevos policías formados desde cero en la Academia, con principios, disciplina y capacitación táctica real. Policías que no llegaron por palancas, sino por méritos y como resultado de una buena formación. Policías que, ahora sí, merecen su lugar, su salario digno y, eventualmente, una jubilación honrosa.
La propuesta de Gallardo para garantizar pensiones a todos los policías municipales es, en ese sentido, coherente y justa, porque no se puede exigir entrega sin ofrecer certidumbre. No se puede pedir valor a cambio de abandono. Y el mensaje es claro: Ya se hizo la limpia, ahora viene la dignificación.
Este nuevo modelo de seguridad ha sido posible también gracias al trabajo político, fino y constante, del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien ha sabido tender puentes con los municipios, con el Congreso y con las distintas fuerzas políticas, pues es claro que transformar a la policía no es sólo una cuestión administrativa, es también un acto de voluntad institucional que requiere acuerdos, reformas legales y presupuestos estables.
Si el Congreso local tiene visión, aprobará esta reforma sin regateos. Debe hacerlo. San Luis no puede volver al pasado de cuerpos tirados en brechas, de policías cómplices, de alcaldes omisos. Hoy, con números reales, se está demostrando que sí se puede. Que, cuando hay decisión, el Estado recupera el control y, cuando se recupera el control, lo mínimo que se puede hacer es reconocer y proteger a quienes arriesgan la vida todos los días. Con una pensión digna, con un salario justo, con el respeto que antes se les negó.
Cavilaciones:
Primera: El presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina, está convertido en el nuevo magnate de los medios de comunicación en la Zona Huasteca. El señor ha comprado dos estaciones de radio y un periódico. Se arma por si se ofrece. Hombre precavido vale por 10 ¡Grrrrrr!
Segunda: Hace algunos días, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado, Héctor Serrano, se reunió con el alcalde capitalino, Enrique Galindo. Son viejos conocidos y muy amistosamente tomaron café y llegaron a algunos acuerdos. Todo parecía miel sobre hojuelas hasta que Gustavo Robledo, encargado de relaciones públicas del Ayuntamiento Capitalino, mejor conocido como «El Gallito», publicó en un chat una caricatura y una diatriba con la intención de atacar la reputación del legislador. Flaco favor le hizo al edil que ya no ve lo duro, sino lo tupido con tantos desbarres de sus colaboradores.
Tercera: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE devolver 15 constancias de mayoría que le habían quitado a jueces de Distrito que ganaron en la elección el 1 de junio. Los juzgadores electos no acreditaron el 8.0 de calificación en sus estudios universitarios. «No tienen facultad» sentenció el TEPJF en contra del INE. Con este antecedente, el Tribunal de San Luis Potosí y sus dos magistrados de Morena tienen antecedentes para resolver las impugnaciones a cuatro magistrados ¡Ay, qué nervios! ¡Miau!
