Si alguien quisiera explicar a sus alumnos qué ocurre cuando los procesos institucionales se conducen con opacidad, desorden y una buena dosis de soberbia, la Facultad de Derecho de la UASLP podría ofrecer, sin proponérselo, un caso práctico de alto nivel. La elección de su nuevo director no ha sido un ejercicio de legalidad ejemplar, sino un capítulo más del prolongado caos que vive una de las entidades académicas más emblemáticas de la universidad.
Tras la renuncia del anterior director y una estela de polémicas que todavía no se disipan, la Facultad entró en un limbo administrativo que, lejos de resolverse con rapidez y claridad, se enredó en formalismos mal explicados, decisiones cuestionadas y una creciente desconfianza interna. El proceso avanzó, se frenó, se judicializó y volvió a arrancar, como si se tratara de una elección improvisada y no de la conducción de una escuela que forma abogados.
En ese contexto surgió una terna integrada por Lucy Lastras, Javier Delgado Sam y Georgina González, perfiles que, con sus matices y trayectorias, representan opciones distintas para encabezar la Facultad. Hasta ahí, todo parecería normal. El problema es que la normalidad se volvió excepcional.
El mayor obstáculo llegó en forma de amparo. Edgar Durón decidió judicializar el proceso bajo el argumento de haber sido excluido indebidamente, y logró, al menos por un momento, congelar la elección. Durante semanas, la Facultad quedó atrapada entre expedientes, suspensiones provisionales y una incertidumbre que sólo alimentó la percepción de desorden. Resulta irónico que una comunidad dedicada al estudio del Derecho haya terminado entrampada en su propio laberinto legal.
Hoy, ese obstáculo ha sido descartado. Digamos que se ve la luz al final del túnel. El amparo no prosperó en su intento de frenar definitivamente la designación, y en los hechos ya no existe impedimento jurídico para que el Consejo Directivo Universitario tome la decisión. Todo apunta a que la elección podría concretarse en este mismo mes de enero, si no aparece un nuevo recurso de última hora, porque en este proceso cualquier sorpresa parece posible.
Y aquí vale la pena decirlo con claridad; la Facultad de Derecho necesita un director, con urgencia. No un interinato prolongado, no un vacío de autoridad, no una conducción a medias. Necesita liderazgo para recomponer el tejido interno, recuperar la confianza entre docentes y alumnos, y cerrar un periodo marcado por escándalos, confrontaciones y desgaste institucional.
Un director no resolverá por sí solo todos los problemas, pero su ausencia los multiplica. Sin una cabeza clara, las decisiones se diluyen, los conflictos se enquistan y la Facultad sigue proyectando una imagen de improvisación que no corresponde a su historia ni a su responsabilidad académica. La normalidad institucional, esa que debería darse por sentada, hoy sería un avance significativo.
La elección ya se retrasó demasiado. El amparo quedó atrás, la terna está definida y el tiempo corre. A estas alturas, seguir posponiendo la decisión sólo confirmaría que, en la Facultad de Derecho, el problema no era jurídico, sino político y administrativo. Y eso, para una escuela de leyes, sería el peor veredicto.
Cavilaciones:
Primera: El programa Salud Casa por Casa, implementado por el gobierno de Claudia Sheinbaum a través de la Secretaría del Bienestar, resultó todo un fiasco. Personas, hombres y mujeres con batas blancas visitaron hogares de personas con discapacidad y adultos mayores sólo para tomar sus datos, pero jamás volvieron. La información la tiene «ya saben quién” ¡Miau!
Segunda: Esta semana se reúne la Junta de Gobierno de Interapas de donde saldrá humo blanco y nuevo director. En radio pasillo del Ayuntamiento se habla de la oportunidad para que el alcalde, Enrique Galindo, reestructure su gabinete. Los que saben, dicen que Fernando Chávez, secretario general, Ángel de la Vega, director de Comercio, César Contreras Malibrán, director del Agua, y hasta Christian Azuara, de Servicios Municipales tienen posibilidades, igual que Eustorgio Chávez, director de Obras. No, pues baraja sí hay.
Tercera: Los empresarios del transporte urbano tienen en automático el aumento a las tarifas derivado de la inflación, pero no es suficiente para solventar los gastos de operación. El pasaje cuesta 12.50 actualmente, pero se redondea a 13 porque ya nadie maneja moneditas de 10 centavos. Los permisionarios piden 15 pesos para el nuevo precio ¡Se vale soñar! ¿O no?
