En México, donde la justicia parece a veces un juego de ajedrez en el que las piezas más poderosas mueven las reglas, el reciente amparo concedido en favor de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ofrece un espectáculo digno de comentar. No es una orden de aprehensión concreta ni una imputación clara; es un acto preventivo, casi de ciencia ficción legal, para protegerse de posibles detenciones, incomunicaciones o, incluso, desapariciones forzadas. Todo en un país donde tales conceptos suelen aplicarse a otros, pero curiosamente nunca a quienes están demasiado cerca de la cima.
El amparo, admitido de manera expedita por una jueza federal, tiene un efecto inmediato; una suspensión “de plano” que, en la práctica, funciona como una especie de escudo jurídico preventivo. Mientras tanto, el resto de los mortales que se cruzan en el camino deben conformarse con esperar a que la justicia haga su trabajo… o con contemplar cómo se diluye entre tecnicismos y recursos legales. Es curioso que este caso se haya dado justo después de que se dieran a conocer las detenciones de varios empresarios involucrados en el llamado Huachicol Fiscal.
Aquí es donde la ironía alcanza su punto máximo. En San Luis Potosí, la FGR ha movido fichas; detenciones de presuntos implicados en el caso mencionado del tráfico de hidrocarburos, vinculaciones a proceso, decomisos y audiencias públicas. Aparentemente, todo muy tangible, muy visible, sin embargo, el amparo de los hijos del expresidente, que cubre incluso a personas vinculadas al mismo entramado delictivo, pone en evidencia un contraste brutal, pues sugiere que la justicia se aplica con diferente lente según el apellido que se ostente. La legalidad se convierte en un comodín y los procedimientos, en una coreografía donde el poder puede anticiparse a sí mismo.
El riesgo es claro y local. Los implicados potosinos, si son lo suficientemente astutos y asesorados, podrían inspirarse en este precedente para detener, ralentizar o incluso revertir procesos que deberían ser ejemplares. Las investigaciones podrían complicarse, alargarse, perder fuerza.
La lección no es menor; el amparo, herramienta legítima del sistema, se transforma en una especie de símbolo político. Un recordatorio de que, en este país, la justicia es un escenario donde algunos actores siempre parecen tener altos privilegios. Y en San Luis Potosí, donde el huachicol fiscal ha dejado huella, esa distinción no es sólo teórica, es tangible, inmediata y preocupante.
En pocas palabras, mientras unos se protegen por anticipado con escudos legales preventivos, otros enfrentan la espada de la ley y la ciudadanía, un espectáculo marcado por desigualdad e impunidad.
Cavilaciones:
Primera: Algo pasa con los coordinadores de los programas sociales que da el Gobierno del Estado en Matehuala. Resulta que, en una comunidad de ese municipio, cada padre de familia debió pagar 30 pesos a las jefas de colonia por mochila, 30 por los zapatos, 30 por los uniformes y así hacen su ronchita algunos vivales (hombres y mujeres) con programas que deberían totalmente gratuitos. Pero hay un Dios que todo lo ve ¡Grrrrr!
Segunda: Los diputados de Morena traen un pleito bien sabroso. Cercanos a los legisladores dicen que se llevan fuerte y que nadie se extrañe de que, en una de esas, se líen a golpes en el mismísimo Pleno te la legislatura. Que alguien los lleve al psiquiatra por lo que más quiera ¡Miau!
Tercera: Los que asistieron a la cena de Independencia en Palacio de Gobierno calificaron como la peor vestida a la senadora panista Verónica Rodríguez; las que mejor lucieron el reboso fueron la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, y la de Salud, Leticia Gómez Ordaz. Los trajes de charro en los varones fue lo que abundó durante la celebración ¿Y de beber? ¡Adivinaron! Ron Potosí y Aguas de Lourdes. Este felino se la pasó de lo lindo.
