Por décadas, México soñó con una soberanía energética capaz de garantizar desarrollo, estabilidad y justicia social. La inauguración reciente de la Central de Ciclo Combinado en Villa de Reyes, San Luis Potosí, parecía un paso firme en ese camino. Una obra imponente, moderna, con capacidad para abastecer a 2.4 millones de personas, reducir emisiones contaminantes en más de 50 por ciento y operar con un consumo racional del agua. Un modelo de eficiencia energética, diría cualquiera.
Y, sin embargo, en pleno acto protocolario, los empresarios de la Zona Industrial potosina, agremiados de la UUZI, hicieron sonar la alarma; la planta no está conectada al sistema eléctrico local. Sin subestaciones que distribuyan su energía, esa electricidad puede terminar alimentando fábricas o ciudades en otros estados, mientras que San Luis Potosí seguirá padeciendo apagones y el desabasto de la energía. ¿Se inauguró una planta para exportar energía mientras la industria local se apaga?
La respuesta no está solo en la ingeniería ni en la burocracia. Está en la política energética y los intereses que la atraviesan. Detrás del desabasto eléctrico hay mucho más que una mala planeación; hay actores poderosos, nacionales y extranjeros, que lucran con la precariedad del sistema, operando entre concesiones, contratos opacos y redes de complicidades que rebasan sexenios y partidos.
El tema es claro, si no hay electricidad suficiente del sistema público, las industrias pagan tarifas más altas al sector privado. Si se sabotea el fortalecimiento de la CFE, crece el mercado de quienes venden energía “de emergencia” o de los que intermedian sin producir un solo kilovatio. Y mientras tanto, se posterga la inversión en infraestructura local, como las subestaciones que hoy hacen falta en Villa de Reyes.
¿Quién gana cuando hay apagones? No la ciudadanía. No las pequeñas y medianas empresas. No el futuro energético del país. Inaugurar una planta sin conectividad es como abrir un hospital sin quirófanos. O como presumir un tren sin vías. Es como sacar a la calle un montón de operadores políticos y decir que llevarán salud casa por casa ¡Esperen! Todo eso ya lo ha hecho la 4T.
El evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Villa de Reyes fue simbólicamente potente, pero también políticamente riesgoso, porque la narrativa de que “la CFE se fortalece” pierde sustento si la energía generada no llega a quien más la necesita.
No basta con construir plantas. Hace falta conectar esas plantas al país real. Y, sobre todo, hace falta que el Estado retome el control del sistema eléctrico, no sólo como operador técnico, sino como garante de equidad, sostenibilidad y soberanía.
Hoy, en San Luis Potosí, la luz se genera, pero no se distribuye. Y ese cortocircuito no es eléctrico, es gubernamental.
Cavilaciones:
Primera: TAR cerró operaciones en San Luis Potosí. Sin mayor explicación, la compañía de transporte aéreo de pasajeros dejó la plaza. Sus vuelos a Puerto Vallarta quedan cancelados, mientras que el de Monterrey lo operará Aerus. No es una buena noticia, pero la vida sigue, así que hay trabajo que hacer para los secretarios de Desarrollo Económico, Salvador González, y de Turismo, Yolanda Cepeda.
Segunda: Rita Ozalia Rodríguez, dirigente estatal de Morena, quiere la delegación del Bienestar y, para conseguirla, anda grillando a Guillermo Morales que, dicho sea de paso, ya le agarró gusto al moche. Rita trae un impulso importante de su secretario general, José Grimaldo, que ya se ve como dirigente del partido guinda. Nadie sabe para quien trabaja ¡Miau!
Tercera: Luego de que se supo que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) investiga a los magistrados del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el representante del Poder Ejecutivo en ese órgano, Javier Delgado Sam, comenzó una campaña de clemencia o, como dicen los chavos «pidió paro» ¿Pues que hizo con los recursos a su cargo?
