El aumento a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí no es una sorpresa: es una tradición no escrita que aparece puntualmente cada vez que el calendario cambia de año. Como si se tratara de una costumbre institucional, el tema regresa con los argumentos de siempre; concesionarios que levantan la mano, autoridades que piden paciencia, legisladores que fingen alarma y usuarios que, resignados, saben que al final la cuenta casi nunca favorece al pasajero.
El gremio transportista no se anda con rodeos; quiere 15 pesos por viaje. No 13, no 14. Quince. La cifra redonda tiene algo de simbólico, casi aspiracional. El argumento es conocido y perfectamente memorizado: los costos subieron, la inflación apretó, el combustible asfixia y el mantenimiento se volvió un lujo. Bajo esa lógica, el servicio no mejora porque falta dinero y el dinero no llega porque el servicio no mejora.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se mueve con mayor cautela, como corresponde al papel institucional. Reconoce que sí debe haber aumento, porque la ley así lo marca. El marco jurídico existe, el ajuste está previsto, aunque nadie sabe aún de cuánto será. Es decir, el incremento es inevitable, pero su magnitud sigue flotando en el aire, como las promesas de modernización del transporte. Técnicamente correcto, políticamente cómodo. En el fondo, es claro que ya saben, pero están esperando hasta el último momento para soltarlo de golpe.
Luego aparecen algunos diputados que simulan indignación advirtiendo que no hay condiciones para autorizar el alza. Y es difícil contradecirlos; hablar de aumento cuando las unidades circulan en estado cuestionable, con años de deterioro encima, fallas mecánicas visibles y una calidad que dista mucho de ser digna, resulta, cuando menos, audaz. El problema es que la crítica legislativa suele ser tan pasajera como la memoria institucional.
Mientras tanto, los usuarios observan el debate desde la banqueta, literalmente. Ellos no discuten artículos de ley ni porcentajes inflacionarios, hablan de camiones que tardan, de rutas saturadas, de unidades sucias y de un servicio que ya parece caro a 12.50 pesos. Para muchos, el mensaje es claro; primero el servicio, luego la tarifa. Una lógica elemental que, curiosamente, nunca termina de instalarse en las decisiones.
El transporte público potosino vive atrapado en una paradoja elegante pero cruel, se pide más dinero para mejorar, pero se exige mejorar para justificar el aumento. Y mientras las posturas se acomodan, el usuario sigue pagando, esperando y ajustándose. Quizá el verdadero problema no sea cuánto costará el pasaje, sino cuántos años más se seguirá cobrando por un servicio que siempre promete mejorar, pero que nunca lo logra.
Cavilaciones:
Primera: En la repesca de las navidades, Morena se apoderó de uno de los cuadros jóvenes más preparados y audaces del PRI. Se trata de Jesús Monjarás. Este gato lo vio con sus propios ojos. El, hoy, asesor del diputado local Luis Emilio Rosas Montiel aparece muy sonriente en la imagen repleta de muchachos y en el centro destaca la figura, ahora regordetita, del delegado del Bienestar, Guillermo Morales.
Segunda: Emilio Azcárraga Jean está vendiendo parte de sus acciones en Televisa. El empresario ya no tiene motivos para vivir en México. Es un fenómeno silencioso de salida de capitales y de una iniciativa de hombres de negocios que huyen de México por la falta de garantías. Algunos potosinos ya lo hicieron, están vendiendo activos y se van a Europa. De pronto no se ve, pero este filósofo les adelanta que hay que estar preparados para enfrentar una crisis económica y sanitaria de fuerte impacto ¡Miau!
Tercera: A propósito de los hombres de billete, cuentan que Carlos Torres Rodríguez, dueño de Global Media y otros negocios de publicidad, trae un pleitazo bien organizado con el dueño de las tintorerías Jiffy y de Antena San Luis, Miguel Maya. Batallaron, pero se encontraron ¡Grrr!
