En una reciente conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a reconsiderar su postura sobre la eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa. Para el mandatario, este cambio podría conducir a una mayor impunidad en el país.
«Espero que la Suprema Corte recapacite, entre en razón y que no aprueben ese cambio porque va a significar impunidad», declaró López Obrador, señalando la importancia de mantener esta medida como un instrumento para combatir la delincuencia.
El presidente expresó su preocupación por la posible liberación rápida de presuntos delincuentes, haciendo hincapié en la necesidad de que la justicia actúe de manera justa y equitativa en todos los casos.
Estas declaraciones surgen en un contexto en el que los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México también han expresado su apoyo a la prisión preventiva oficiosa. A través de un pronunciamiento formulado ante la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, en calidad de Amicus Curiae, los líderes estatales enfatizaron la importancia de considerar el impacto directo que esta medida tendría en la seguridad y gobernabilidad del país.
«Hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país, y con ello en la de las entidades federativas», expresaron los gobernadores.
Asimismo, destacaron la necesidad de priorizar los derechos de las víctimas del delito y advirtieron sobre los posibles riesgos de dar preferencia a normas de carácter internacional sobre el derecho interno, lo que podría poner en peligro la soberanía jurídica del país.
La discusión en torno a la prisión preventiva oficiosa continúa generando debate en el ámbito político y judicial mexicano, con distintos actores expresando sus puntos de vista sobre esta importante cuestión legal.
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