Los menores viven una forma de violencia disfrazada, aseguró la doctora Roxana Abigail Montejano Villaseñor, posdoctorante de la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Desde su perspectiva, a través del trabajo infantil, se les arrebata la niñez y se les impone una carga que no les corresponde, reflejo de un sistema que aún vulnera profundamente a la infancia.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio, la doctora Montejano recordó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estimó en 2021 que cerca de 160 millones de menores trabajan en el mundo. De ellos, aproximadamente 80 millones lo hacen en condiciones peligrosas que afectan gravemente su desarrollo físico, psicológico y emocional, y alrededor de 60 millones están empleados en labores agrícolas.
La también docente expresó que niñas, niños y adolescentes cargan con deberes que no les corresponden, lo que impide el ejercicio pleno de su niñez y los expone a dinámicas que pueden derivar en explotación, trata, servidumbre por deudas o reclutamiento por parte de la delincuencia organizada. Todo ello, amparado por una visión adultocéntrica que otorga poder y control total a los adultos sobre los menores.
La especialista denunció que el modelo económico global, centrado en la productividad y no en el bienestar, permite que el trabajo infantil persista, lo que convierte a la infancia trabajadora en un síntoma evidente de un sistema que no funciona. “Se les hipoteca su presente”, subrayó.
Montejano Villaseñor sostuvo que revertir esta situación requiere una transformación cultural profunda, basada en la educación de los adultos, padres y madres, pero también de la sociedad en su conjunto. Es fundamental recuperar el horizonte moral colectivo, donde deje de ser normalizado ver a niñas y niños trabajando, pidiendo dinero o comida en las calles, afirmó.
Entre las soluciones propuestas por la académica, destacó la necesidad urgente de aumentar la inversión pública y asignar presupuestos suficientes a las instituciones encargadas de proteger los derechos de la infancia. “México firma convenios y tratados internacionales para defender a este sector, pero en las oficinas gubernamentales y jurídicas se carece de presupuesto para ejecutar los programas y acciones de protección”, y consideró que es fundamental que existan recursos para apoyar a las infancias.
Además, subrayó la importancia de incluir a niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones que los afectan directamente. Existe una paradoja, pues se les utiliza como mano de obra barata, pero se les excluye sistemáticamente de las discusiones sobre políticas públicas. “Hay que escucharlos”, enfatizó.
La académica concluyó que “un niño o una niña trabajando no rompe con la pobreza, la profundiza. Cuando vemos a un menor trabajar, pareciera que son cuerpos útiles para el sistema productivo, pero totalmente excluidos del conocimiento y del ejercicio de sus derechos”, dijo.
Seguiremos informando.
