El proceso de designación de magistrados en San Luis Potosí ha dejado de ser un asunto estrictamente jurídico para convertirse, una vez más, en terreno de disputa política. Las recientes impugnaciones promovidas contra tres magistrados electos; exhiben un trasfondo que poco tiene que ver con la legalidad y mucho con los intereses partidistas.
José Luis Ruiz Contreras, Arturo Morales Silva y Ángel Gonzalo Santiago Hernández, los tres perfiles impugnados, tienen un rasgo en común; su cercanía con el Partido Verde Ecologista de México, el grupo político actualmente en el poder en la entidad. En contraste, quienes promovieron los recursos legales, José de Jesús Cárdenas Turrubiartes, Héctor Vega Robles y Janeth Hernández Trejo, están vinculados a Morena, lo que convierte este episodio en una reedición del pleito por el control de las instituciones, en este caso, del Poder Judicial del Estado.
Los argumentos esgrimidos en las impugnaciones resultan endebles. A dos de los magistrados se les señala por no haberse separado de sus cargos públicos durante el proceso, aunque la convocatoria no lo requería explícitamente. En el caso de Arturo Morales Silva, el señalamiento apunta a que su promedio escolar, cuando cursó la Licenciatura, no alcanzó el mínimo requerido, ignorando que obtuvo pase directo por su experiencia como magistrado. Todo parece indicar que no se impugna por razones jurídicas, sino por la necesidad de disputar cuotas de poder.
Este tipo de conflictos refleja una tendencia preocupante; la colonización partidista del Poder Judicial. Cuando Morena se queja de que los perfiles verdes fueron impuestos, olvida que apenas hace unos días colocó a dos magistrados muy afines a su causa en el Tribunal Electoral. Y ni qué decir de la Fiscalía de Delitos Electorales donde el tema también puede tener alcances y, por cierto, es encabezada por un morenista.
El problema no es que existan diferencias ideológicas entre partidos, eso es natural en democracia, sino que esas diferencias se traduzcan en batallas por el control de órganos que deberían ser neutrales, técnicos y autónomos. La justicia no puede estar al servicio del cálculo electoral ni de los caprichos de las mayorías temporales, sobre todo, cuando es evidente que Morena quiere recuperar a toda costa lo que perdió en las urnas por flojos, por confiados y por inexpertos en política.
Lo más grave es que este enfrentamiento ahonda la desconfianza ciudadana en las instituciones. Si el Poder Judicial es visto como un botín en manos del grupo político en turno, se deslegitima su función y se deteriora la frágil estructura democrática del estado.
San Luis Potosí no necesita más cuotas ni más pugnas partidistas disfrazadas de legalidad. Necesita perfiles judiciales con independencia, solvencia moral y trayectoria comprobada. Si los partidos no están dispuestos a ceder el control del Poder Judicial, entonces serán ellos, y no la ciudadanía, quienes carguen con la responsabilidad del descrédito institucional.
Cavilaciones:
Primera: El exdiputado de Morena, Toño Lorca, se ha sumado silenciosamente al Partido Verde. Como legislador pasó sin pena ni gloria, pero amenaza con volver ¡Miau!
Segunda: Los productores de café, en la Huasteca Potosina, están teniendo una buena racha. Ciertamente, están de plácemes, pero sigue sin haber apoyo de las instancias de gobierno. La verdad, la verdad, es que nunca la han tenido.
Tercera: Hay un grupo de funcionarios del Ayuntamiento de la capital que andan buscando vincularse con personajes poderosos del Partido Verde. Entre ellos, según las antenas de este felino, tres exazuaristas. En corto, los susodichos comentan la necesidad de «saltar del barco galindista». Bien dicen que el que traiciona una vez, traiciona siempre ¡Grrrr!
