El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado, para incorporar el capítulo denominado “Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”, y tipificar los delitos de “difusión dolosa de desinformación generada mediante inteligencia artificial”, y “manipulación Institucional mediante inteligencia artificial”, a la cual, se sumaron diputadas y diputados de diferentes fracciones y grupos parlamentarios.
En cuanto al delito de difusión dolosa de desinformación generada mediante inteligencia artificial, se establece que se sancionará con una pena de tres a seis años de prisión y multa de trescientas a seiscientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el Estado, a quien a sabiendas de su falsedad, genere, altere o difunda, mediante sistemas de inteligencia artificial, imágenes, audios, videos o textos manipulados o creados artificialmente, con el propósito de provocar alarma, temor, confusión o inestabilidad social, o de inducir a error a la población sobre hechos de interés público.
Se indica que cuando la conducta se realice utilizando medios de comunicación masiva, plataformas digitales o redes sociales, o empleando cuentas automatizadas o anónimas para simular información real, la pena se aumentará hasta en una mitad.
En cuanto al delito de manipulación Institucional mediante inteligencia artificial, se establece que se sancionará con una pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de quinientas a mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el Estado, a quien mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial, genere, altere o difunda imágenes, audios, videos o representaciones digitales que simulen declaraciones, comunicados, acciones o presencias de autoridades, instituciones públicas o cuerpos de seguridad, a sabiendas de su falsedad.
Esto, con el propósito de provocar alarma, temor o desconfianza en la población; afectar el orden o la seguridad pública, o menoscabar la autoridad o la legitimidad de las instituciones del Estado.
Se indica que si la conducta se realiza durante procesos electorales, de seguridad pública o de justicia, o produce alteraciones efectivas del orden o daño a bienes públicos, la pena se aumentará hasta en una mitad.
El legislador subrayó que, en respeto a la libertad de expresión, no será sancionada la generación o difusión de contenidos con fines periodísticos, académicos, artísticos, parodia o de crítica política, siempre que se indique expresamente ese carácter, y no exista dolo en la intención de causar alarma o desinformación social.
En la iniciativa, se establece el concepto de inteligencia artificial entendido como cualquier sistema, modelo computacional o algoritmo, incluidas las redes neuronales y las técnicas de aprendizaje automático o equivalentes, capaz de ejecutar, de manera autónoma o asistida, tareas que impliquen procesos de razonamiento, aprendizaje, percepción, interpretación o generación de información, imitando o sustituyendo funciones cognitivas humanas, y que permita producir, modificar, alterar o difundir contenidos digitales, tales como textos, imágenes, sonidos o videos, con apariencia verosímil o similar a la realidad.
Y, en cuanto al uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial, se establece que se impondrá pena de uno a tres años de prisión y multa de cien a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el Estado, a quien sin consentimiento previo, expreso, específico e informado de la persona a la que corresponda la imagen, la voz o la identidad digital, utilice sistemas de inteligencia artificial o programas automatizados para crear, reproducir, modificar, manipular o difundir contenidos que simulen la apariencia, la voz, los gestos o la identidad de una persona real, cualquiera que sea el propósito del uso.
La pena se aumentará hasta en una mitad cuando el contenido sea difundido, comercializado o empleado con fines de lucro o de causar daño al honor, a la reputación o a la vida privada de la persona.
Se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.
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