Ciudad Valles, S.L.P.– La violencia y la impunidad golpean de nuevo a la Huasteca. El pasado sábado, una familia de comerciantes del ejido Sabino del Obispo fue atacada a balazos cuando se instalaba a vender en la carretera federal Valles–Mante. El saldo: un hombre herido de gravedad, dos niños pequeños que estuvieron a punto de ser alcanzados por las balas y un agresor identificado, que sigue en libertad por decisión de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con el testimonio de María de Jesús, esposa de la víctima, las agresiones contra su familia venían de tiempo atrás. Denunció que los hermanos Daniel y Olegario Rubio habían lanzado amenazas de muerte, además de golpearla e incluso intentar atropellar a uno de sus hijos. Pese a las denuncias presentadas, las autoridades nunca intervinieron.
El sábado la violencia escaló al extremo. Miguel Rubio, hermano de los anteriores y pariente del juez auxiliar del ejido, llegó montado a caballo y sin mediar palabra disparó contra su esposo. “El primer balazo le dio en la espalda; él intentó proteger a nuestros hijos que estaban paralizados por el miedo… prefirió recibir las balas con su cuerpo antes de que ellos murieran”, relató entre lágrimas.
Los disparos impactaron al hombre en el abdomen y el brazo izquierdo. María de Jesús pidió auxilio, pero la Cruz Roja nunca llegó; fueron vecinos quienes la ayudaron a trasladar a su esposo en su camioneta al IMSS y después al Hospital General de Valles, donde permanece grave.
La indignación creció cuando acudió a la Fiscalía y le respondieron que “no podían detener al agresor porque la víctima no estaba muerta”. La mujer acusó que los responsables gozan de protección por sus vínculos familiares con el juez auxiliar del ejido.
“Hoy mis hijos de 2 y 4 años me preguntan por su papá y no sé qué decirles. Ellos están vivos porque él los protegió con su cuerpo. Yo solo exijo justicia; no merecíamos esto, somos gente de trabajo, no le hacemos daño a nadie. Tengo miedo de volver a mi casa, pero lo que más me aterra es perder a mi esposo”, expresó con desesperación.
Mientras tanto, el agresor identificado por nombre y apellido sigue libre, y la familia víctima de esta violencia se siente abandonada a su suerte por las autoridades encargadas de impartir justicia.
El caso exhibe una vez más la indolencia de la Fiscalía General del Estado, que en lugar de proteger a las víctimas opta por la indiferencia y la burocracia, dejando en libertad a un agresor armado que disparó contra una familia indefensa. La exigencia es clara: justicia para Miguel Ángel y castigo a los responsables, sin importar los apellidos ni la cercanía con autoridades auxiliares.
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