Alejandro Antonio Henríquez Flores, egresado de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y ciudadano salvadoreño, fue detenido de manera arbitraria en su país tras participar en una protesta pacífica contra el desalojo de más de 300 familias campesinas en Santa Tecla, según denunciaron colectivos y académicos.
Henríquez Flores colaboraba con la Cooperativa El Bosque, donde acompañaba procesos comunitarios en defensa del territorio y la justicia ambiental. La noche del lunes 12 de mayo, Alejandro se encontraba apoyando a habitantes de los sectores Las Piletas y Los Sueños, quienes exigen frenar un desalojo previsto para el 22 de mayo. La protesta fue reprimida por fuerzas policiales y militares, y se reportaron agresiones físicas contra manifestantes, incluido Alejandro. Horas después, varios de ellos fueron detenidos sin seguir el debido proceso ni informar sobre su paradero.
La Maestría en Derechos Humanos de la UASLP denunció que la detención de Henríquez se inscribe en un contexto de persecución política y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, lo cual representa una grave violación a los principios democráticos. En un comunicado, la coordinadora del posgrado, Suhey Tristán Rodríguez, subrayó que la formación en derechos humanos conlleva también un compromiso ético con la defensa de la dignidad y la justicia.
El martes 13 de mayo, cerca de 50 personas entre docentes, estudiantes y activistas se manifestaron frente al Consulado de El Salvador en San Luis Potosí para exigir la liberación del activista y conocer su situación física y legal. Aunque representantes del consulado recibieron el documento, aclararon que no tienen facultades para intervenir directamente, pero aseguraron que darán trámite a la petición.
Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Alejandro Henríquez Flores continúa detenido. Las familias afectadas por el intento de desalojo sostienen que la orden judicial en su contra responde a una presunta deuda reclamada por un particular, pese a que poseen documentación legal que acredita su derecho a las tierras, otorgadas por el Estado salvadoreño desde 1985 como parte de un programa agrario.
