Olga Palacios, quien cobra como coordinadora de Derechos Humanos en el Ayuntamiento de la capital, confirmó, a través de un “Informe Pormenorizado”, que fue el secretario general, Sebastián Pérez, quien dio las órdenes para el desalojo a la oficial del Registro Civil, Tere Carrizales, el pasado 1 de julio, lo que les ha valido enfrentar ahora un proceso legal.
En el documento que la funcionaria municipal realizó como parte de la investigación por el desalojo violento de la oficial del Registro Civil, Tere Carrizales, en la que Olga Palacios es juez y parte, ya que ella formó parte del desalojo y ahora ella realiza la investigación por la violación a los derechos humanos, confirma que fue el secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez, quien ordenó la agresión.
“… acudí en calidad de observadora… en la Oficialía Civil número 11 ubicada en calle Nicolás Zapata No. 1398-A Colonia Del Valle, el lunes 01 de julio del presente, con la finalidad de verificar que se respetaran los derechos humanos, durante un acto de autoridad municipal, consistente en el retiro de una persona para el ejercicio de las funciones de la Oficial Licenciada Rocío Romero Artolózaga, del que me informó la Licenciada Miriam Rocha Collín, personal de la Secretaría General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de una llamada vía telefónica a las 12:04 horas de ese mismo día, sin proveerme mayor información, percatado de la naturaleza del acto de la autoridad hasta que estuve constituida en el lugar”.
Olga Palacios se cura en salud “sin proveerme mayor información, percatado de la naturaleza del acto de la autoridad hasta que estuve constituida en el lugar”, sin embargo el día de la agresión en contra de Tere Carrizales se escucha su voz cuando le dice a la oficial del registro civil que se deje someter por las policías municipales y un día después, durante la rueda de prensa en la que el Ayuntamiento intentó defenderse por la violación a los derechos humanos, Palacios declaró, respecto al uso de la fuerza, que “Por la negativa de la vía pacífica se usa la fuerza”.
La investigación que realiza el Ayuntamiento de la capital respecto de la violación a los derechos humanos de Tere Carrizales, carece de imparcialidad, pues son los mismos actores de la violación quienes ahora se investigan a ellos mismos si actuaron bien o actuaron mal.
Tere Carrizales interpuso una serie de demandas penales y administrativas en contra del alcalde Xavier Nava Palacios; el secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez; el director de Seguridad Pública Municipal, Edgar Jiménez Arcadia; la coordinadora de Derechos Humanos, Olga Palacios y otros serie de servidores públicos.
Aunque el Ayuntamiento ha intentado “negociar” con la agredida, Tere Carrizales rechazó el ofrecimiento pues afectaría a las tres mujeres policías que obedecieron las órdenes de Edgar Jiménez Arcadia, pues la propuesta es despedirlas.
Los procesos legales en contra de los funcionarios municipales siguen su curso, aún faltará tiempo para conocer el desenlace.
