San Luis Potosí, SLP.- A lo largo de más de seis años, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros A.C. ha documentado más de 100 posibles fosas clandestinas en San Luis Potosí, hallazgos que contrastan drásticamente con las cifras oficiales, que apenas reconocen 60 sitios similares desde 2018.
De acuerdo con el más reciente informe elaborado por el colectivo, los hallazgos se han concentrado en municipios como Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Rayón, Villa de Reyes, Cárdenas, Cerritos, Villa de Arista, Villa de Zaragoza y Moctezuma, entre otros. En muchos casos, las búsquedas iniciaron gracias a reportes anónimos de la ciudadanía a través de redes sociales. A partir de estos señalamientos, las integrantes del colectivo, sin recursos ni herramientas adecuadas, han logrado ubicar y documentar sitios de exterminio.
Una de las zonas más impactantes, señalaron, es la comunidad de El Papalote, donde fueron recuperados cientos de restos óseos. Sin embargo, sólo 11 de ellos han sido identificados hasta ahora. En otros casos, como el de Laguna del Mante, la evidencia encontrada, incluyendo prendas, fragmentos óseos y otros objetos personales, sugiere la presencia de múltiples víctimas en un mismo sitio, aunque aún no se ha determinado un número exacto de personas por las condiciones de los restos.
Otro hallazgo significativo ha sido el envío de más de 200 fragmentos óseos a Alemania para su análisis genético, derivado de gestiones realizadas por las propias buscadoras ante la Embajada de Alemania. Estos restos, en su mayoría calcinados, forman parte de al menos 22 carpetas de investigación que abarcan hechos desde 2018.
Pese a estos esfuerzos, el colectivo denunció la ausencia de infraestructura institucional adecuada para las labores de búsqueda. Sólo tres regiones del estado (Matehuala, San Luis y Ciudad Valles) cuentan con visitadurías de derechos humanos, y las comisiones de búsqueda trabajan con personal mínimo y sin equipamiento básico. A esto se suma la falta de una fiscalía especializada en desapariciones, figura que ya está contemplada en la legislación federal pero que no se ha implementado en San Luis Potosí.
Actualmente, según cifras oficiales, existen alrededor de 700 personas desaparecidas de larga data en el estado. A estas se suman más de 70 casos nuevos solo entre enero y junio de este año. Sin embargo, el colectivo advierte que por cada denuncia formal podrían existir al menos tres casos adicionales no reportados por temor, amenazas o desconocimiento de los procedimientos.
Las madres buscadoras también exigen la acreditación del laboratorio forense local, la validación de los genetistas y la incorporación formal de los peritos de la Comisión Estatal de Búsqueda a los procesos de excavación. Advierten que la falta de estas herramientas no solo retrasa la identificación de víctimas, sino que también prolonga el sufrimiento de cientos de familias que buscan a sus seres queridos.
Finalmente, el colectivo subraya que su trabajo, aunque hecho desde el dolor y la carencia, ha sido clave para empujar la acción institucional en un contexto de abandono. Su informe fue entregado a autoridades estatales y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la esperanza de que se reconozcan sus hallazgos y se fortalezcan las capacidades de búsqueda en el estado.
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