En 2017 en la carretera Durango-Mazatlán, ocurrió un accidente provocado por un bache, lo que provocó la muerte de tres personas. Familiares de las víctimas decidieron presentar denuncia contra el gobierno federal (Caminos y Puentes Federales, CAPUFE) y lograron que el Tribunal Regional de Justicia Administrativa los condenara a reparar el daño, a pagar indemnización económica y brindar atención psicológicos y de salud a las víctimas, derivado de una sentencia cuyo ponente fue el entonces magistrado, Juan Manuel Arias González, abogado de origen potosino.
Esa sentencia, la 7038/2017 fue premiada con Mención Honorífica en el concurso «Sentencias y medidas dictadas con perspectiva de Derechos Humanos y/o Perspectiva de Género en materia fiscal y administrativa» convocado por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, Sala Superior, Segunda Sección y la tarde de este 20 de Noviembre fue ampliamente analizada en una mesa organizada en la Casa de la Cultura Jurídica en la que las magistradas, Dalila Quero, del primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del noveno circuito y Rebeca Medina, de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, conocida por su larga lucha a favor de las mujeres y protección de la familia, hablaron de la sentencia histórica y su trascendencia .
Dalila Quero calificó de «magnífica sentencia» del ex magistrado Arias González fundamentalmente por el precedente que crea al sentenciar con perspectiva de derechos humanos y género, lo que en este caso, brindó a las familias de las víctimas mortales certidumbre de futuro y obligó al Estado a reparar el daño por su responsabilidad al no mantener en condiciones la carretera provocando con ello un accidente que le costó la vida a tres personas.
La premiada sentencia de Arias González es un parteaguas dijo Quero Juárez, y agregó que los juzgadores deben proceder privilegiando los derechos humanos y la perspectiva de género lo que involucra a todos los grupos minoritarios: mujeres, niños, adultos mayores, indígenas, migrantes e integrantes de la comunidad LGTTTIE.
Durante el análisis se detalló que el accidente que motivó la sentencia que obligó al Estado a reparar el daño ocurrió cuando las víctimas mortales al transitar por la autopista Durango-Mazatlán se encontraron con un bache y al intentar evitarlo, colisionaron muriendo en el lugar.
También se expresó que CAPUFE en su defensa solo dijo que «el señor conducía a alta velocidad» pero la falta de previsión del Estado para mantener en optimas condiciones las carreteras y en su caso señalar baches y otras irregularidades implica una responsabilidad.
El ex magistrado Arias al elaborar la sentencia, privilegió los derechos de la familia de la víctima, la viuda y una menor porque de acuerdo con la ley, tenían derecho a una indemnización. El daño material fue visible, el daño moral y psicológico también y la irresponsabilidad del Estado, por lo tanto, debió ser sancionada y así fue.
Rebeca Medina, magistrada de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia, destacó la conducta del abogado Arias González que, como magistrado, privilegió el derecho a la vida y la familia de las víctimas porque, dijo, la familia, cualquiera que sea su conformación es un órgano vital de la sociedad.
Juan Manuel Arias en su turno, narró con puntualidad el caso y los principios éticos que le llevaron a emitir una sentencia que obligaba al Gobierno Federal a responder por lo que sin duda era su responsabilidad (el bache en la carretera). Pidió divulgar la sentencia para que los ciudadanos sepan sus derechos y que las autoridades respondan por sus faltas u omisiones administrativas.
Repasó el daño que sufren víctimas de accidentes por malas vialidades o por falta de atención de las autoridades: No es lo mismo, dijo, la muerte de una persona por causa natural, que el fallecimiento en un accidente cuyas imágenes son ampliamente difundidas y ahora con el internet, son fácilmente localizables, lo que revictimiza.
Pidió tener siempre a la mano la Ley de Responsabilidad patrimonial del estado y la de Responsabilidad Administrativa y a la población, que reclame sus derechos por la vía legal.
Víctimas de un bache en San Luis Potosí ya lo buscan para que los represente ahora que está de regreso en San Luis Potosí.
