Al menos 15 familias han sido despojadas de su patrimonio y obligadas a abandonar su tierra natal como resultado de la operación de grupos criminales en distintas comunidades de Santo Domingo; así lo confirmó el presidente municipal, Filiberto Rodríguez Alvarado, quien reiteró la necesidad de que las autoridades de los diferentes niveles de gobierno implementen acciones conjuntas para fortalecer el combate a la criminalidad que se registra en el Altiplano Potosino.
“Los delincuentes llegan a las comunidades, se meten a las casas, obligan a las familias a irse y se llevan sus camionetas, sus pertenencias. Están cruzando por todos lados, por caminos de terracería y brechas donde no hay vigilancia” precisó el alcalde al advertir que, por desgracia, a la fecha, Santo Domingo se encuentra en total indefensión pues, a pesar de ser el municipio que tiene más territorio en todo el estado de San Luis Potosí y contar con una población cercana a los 11 mil habitantes, apenas cuenta con cuatro policías.
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Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado, Jesús Juárez Hernández, reconoció que existen este tipo de problemáticas en varias comunidades municipios del Altiplano, sin embargo, sostuvo que hay un trabajo constante para frenar el paso de los grupos delictivos y, con ello, garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad a favor de las familias que pudieran verse afectadas por este fenómeno.
El funcionario estatal explicó que, tras tener conocimiento de estos hechos, se han implementado diversos operativos con los que se busca verificar la situación que se vive en comunidades donde podría haber ocupación irregular de viviendas, en especial en propiedades de personas que residen en el extranjero o que las utilizan como casas de descanso. Agregó que, en este contexto, se ha reforzado la vigilancia en la región mediante la instalación de bases operativas de la Guardia Civil Estatal y el despliegue de patrullajes con apoyo de drones, vehículos blindados y personal armado.
Sobre el mismo tema, el Arzobispado de San Luis Potosí advirtió que el problema es mucho más grande de lo que se ha dimensionado ya que Santo Domingo no es el único municipio que enfrenta esta problemática. El vocero de la institución, Tomás Cruz Perales, reveló que, de acuerdo con la información que comparten los sacerdotes de la zona, en Villa de Ramos también se tiene registro de varias familias que han tenido que huir ante el miedo que provoca la operación de grupos criminales y las amenazas de las que han sido objeto.
Agregó que, en muchos casos, el riesgo es mayor, ya que no sólo los despojan de su patrimonio, sino que raptan a jóvenes para que se sumen a las filas de la delincuencia y, en la mayoría de las veces, ya no los vuelven a ver con vida. “Nos han platicado familias, no solamente en esa zona sino, también en Villa de Ramos, que incluso la situación de que van a sacar a los jóvenes y después los regresan hasta asesinados, en los lugares públicos de las comunidades” sostuvo el religioso.
La situación también ha generado reacciones desde otras instancias. La Arquidiócesis de San Luis Potosí expresó su preocupación por la violencia en las zonas rurales del estado. En un videomensaje difundido esta semana, el vocero de la Iglesia, el padre Tomás Cruz Perales, aseguró que el miedo está paralizando a las comunidades y llamó a los tres niveles de gobierno a coordinar esfuerzos para atender la inseguridad. “El pueblo tiene miedo, y ese miedo está afectando la vida comunitaria. No podemos normalizar esta situación. Es momento de actuar con responsabilidad”, expresó. Señaló también que la Iglesia ha recibido testimonios de jóvenes que han sido sacados de sus comunidades y que han aparecido posteriormente asesinados, aunque sin dar nombres ni ubicaciones específicas.
El fenómeno de desplazamiento forzado en el Altiplano recuerda lo ocurrido en años recientes en la Zona Media, donde comunidades de municipios como Rayón, Cárdenas y Tamasopo sufrieron un incremento en la deserción escolar atribuida a la inseguridad. Esto, luego de que familias enteras tuvieran que emigrar como medida de protección ante la amenaza que representaba la actividad delictiva de grupos criminales, así como los constantes hechos de violencia que se suscitaban en la zona.
En su momento, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) reportó que, durante 2023, cerca del cinco por ciento del alumnado abandonó las aulas por miedo o por haberse mudado con sus familias a zonas más seguras. Por fortuna, luego de algunos meses y ante el despliegue de operativos, así como el fortalecimiento de la estrategia de seguridad, el fenómeno logró controlarse y evitar que generar mayores complicaciones en perjuicio de la comunidad.
Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado no ha emitido una postura oficial sobre el fenómeno de desplazamiento forzado en Santo Domingo, en Villa de Ramos o en algunos otros municipios de San Luis Potosí, tampoco ha confirmado si existen carpetas de investigación abiertas por amenazas, despojos o desapariciones en la región, mucho menos se ha informado si las familias desplazadas han recibido atención formal o seguimiento institucional. Mientras tanto, las casas permanecen cerradas, las escuelas han visto disminuir la asistencia en algunas zonas, y la incertidumbre se mantiene entre quienes han decidido quedarse.
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