Con la aprobación de la reforma constitucional federal en materia de extorsión, se atenderá de manera prioritaria este delito que afecta a la seguridad y la paz de cientos de familias mexicanas, señaló el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.
“Este delito no es un problema local, es una gran fuente de financiamiento de la delincuencia organizada en muchas regiones de nuestro país y un motor económico del crimen”.
Añadió que con la aprobación de la reforma constitucional, se otorgará al Congreso de la Unión, la facultad de expedir una ley general en contra de la extorsión con lo que se logrará terminar con la disparidad de criterios, puesto que la ley general unificara la tipificación y las sanciones en todo el territorio mexicano.
Además, se quitará la carga a la víctima, ya que la extorsión se perseguirá de oficio asumiendo al estado mexicano la responsabilidad de investigar desde el momento de la amenaza, sin poner en riesgo la vida de quien lo denuncia.
“Y fortaleceremos la coordinación entre las autoridades federales y estatales permitiendo la creación de un protocolo nacional y un registro de casos para combatir este delito, con una estrategia unificada y de alto impacto en contra del crimen organizado”.
Resaltó que esta modificación constitucional, “es un imperativo de estado para seguir construyendo un México donde el trabajo honesto y la vida en familia no estén sometidas a la amenaza del teléfono o del cobro de piso”.
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