La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino aprobó una reforma al Código Penal que clasifica la extorsión como un delito de alto impacto, con castigos de hasta 15 años de prisión y la posibilidad de investigarlo de oficio. La medida también incluye 15 agravantes, en particular si se comete contra comerciantes y transportistas.
Además, se añadió el delito de cobranza ilegítima al catálogo de delitos contra la vida e integridad corporal, que igualmente será perseguido de oficio.
El dictamen, sustentado con datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, destaca que en 2022 la extorsión fue el delito con mayor incidencia en la Ciudad de México, con una tasa del 15% por cada 10 mil unidades económicas, aunque con una cifra negra superior al 90%.
Las propuestas de reforma fueron impulsadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la diputada Tania Larios. Coinciden en señalar que la extorsión no solo afecta bienes materiales, sino que atenta contra la estabilidad emocional y psicológica de las víctimas.
El dictamen será enviado al pleno del Congreso para su análisis y votación.
En paralelo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una banda dedicada a extorsionar comerciantes en el Centro Histórico. Los sujetos, de entre 22 y 29 años, enfrentan cargos por asociación delictuosa agravada y extorsión agravada, tras ser vinculados a ataques con armas de fuego contra quienes se negaron a pagar sus exigencias.
Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas en un centro penitenciario del norte de la ciudad, donde los acusados quedaron a disposición de las autoridades para continuar con los procesos penales correspondientes.
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