El Gobierno federal logró este jueves una victoria judicial de gran peso luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó siete de los nueve procesos que el empresario Ricardo Salinas Pliego mantenía abiertos contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las decisiones dejaron firmes créditos fiscales que, en conjunto, podrían rondar los 50 mil millones de pesos debido a actualizaciones y recargos acumulados desde hace más de una década.
Los casos correspondían a ejercicios fiscales entre 2008 y 2013 y habían recorrido todas las instancias previas del sistema judicial, donde el empresario también obtuvo fallos adversos. La Corte no analizó el fondo de los asuntos; simplemente descartó los recursos del corporativo o avaló las impugnaciones del Gobierno, al considerar que no existía un tema constitucional por resolver ni elementos novedosos que ameritaran su revisión.
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la resolución y la calificó como la conclusión de un proceso prolongado que llevaba años detenido en el máximo tribunal. Recordó que los expedientes habían llegado a la Corte tiempo atrás y permanecieron sin avance, a pesar de tratarse de montos de gran impacto para la hacienda pública. Según señaló, el monto total incluso supera el presupuesto anual destinado a los programas sociales de algunos estados.
El fallo se produce en un contexto en el que el nuevo perfil de la Corte, integrada a partir del voto popular, busca desahogar asuntos de alta relevancia que estaban rezagados. Entre quienes han respaldado este cambio se encuentra la ministra Lenia Batres, quien destacó que antes se emitían decisiones que, en la práctica, podían beneficiar a personas físicas o morales sin sustento jurídico suficiente.
Pese a los festejos oficiales, persisten cuestionamientos en algunos sectores sobre la autonomía del tribunal, ya que varios de los ministros actuales fueron impulsados por el partido en el poder. No obstante, para el Gobierno, la resolución representa un paso importante en su estrategia para incrementar la recaudación sin modificar el régimen fiscal. Hacienda estima que alrededor de dos billones de pesos permanecen detenidos en litigios por créditos impugnados, donde el caso de Salinas Pliego es uno de los más emblemáticos.
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