Al menos 200 socios conductores de UBER perdieron, ayer, su afiliación a la aplicación, luego de que el sistema detectó que eran prácticamente los mismos los que reportaban sanciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por multas, requisas u otras faltas, por lo que descubrieron que en realidad se trataba de falsas sanciones que representaba para la empresa importantes desembolsos.
La cancelación a los afiliados llegó a través del mismo sistema, por lo que dieron cuenta a los inspectores involucrados en SCT, quienes de inmediato intentaron deslindarse de los hechos de corrupción que motivaron con sus acciones, pero, según personal de la propia secretaría, el negocio lo hacían entre inspectores, grulleros, policías y socios conductores, quienes se repartían los montos de las multas, cantidades aproximadas de entre 30 y 40 mil pesos.
El sistema UBER, según fuentes de la dependencia, notificó que había socios que habían sido sancionados entre cinco o siete veces y que al menos cien tenían dos multas, cada uno, pero cuando se les solicitó el recibo de la Secretaría de Finanzas para cuadrar las cantidades, nadie las pudo aportar.
Empleados de la dependencia aseguran que los inspectores involucrados comenzaron a exhibir una repentina solvencia económica no vista y que los socios conductores de UBER comenzaban a circular por la secretaría con mucha «confiancita», curiosamente los presuntos implicados estrenaron vehículos este año, marca Chevrolet, uno lo eligió azul y el otro dorado.
En lo que parece ser una estafa al sistema UBER, ejecutivos hicieron saber el inicio de demandas penales en contra de los estafadores a quienes pretenden obligar a devolver el dinero pagado que representaría, según sus cuentas, unos 6 millones de pesos.
