La ministra Lenia Batres presentó un proyecto que busca permitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, sin revisión inmediata de un juez y sin que exista una solicitud internacional que lo justifique. La iniciativa redefine el bloqueo de cuentas como un simple «acto de molestia» y no como una afectación patrimonial, pese a que su implementación paraliza por completo la vida financiera de una persona.
El planteamiento representa un giro de 180 grados respecto al criterio que históricamente había limitado esta facultad y que exigía un control judicial estricto para garantizar la legalidad del congelamiento de recursos. De aprobarse, la UIF podría inmovilizar el patrimonio de cualquier persona basándose únicamente en indicios aportados por autoridades nacionales, dejando que la investigación avance después de ejecutar la medida.
El proyecto también desmonta jurisprudencias previas, reduce salvaguardas y amplía las facultades administrativas, al tiempo que relega principios como la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y la protección del patrimonio. La propuesta no establece plazos definidos, límites claros ni revisión judicial previa, lo que concentra un poder significativo en manos de la autoridad financiera.
Aunque México enfrenta el desafío real de combatir el crimen financiero, especialistas advierten que este tipo de medidas pueden convertirse en castigos anticipados sin la intervención de un juez. La iniciativa, de aprobarse, reconfiguraría la relación entre ciudadanía y Estado al fortalecer la capacidad punitiva administrativa y reducir el margen de defensa de las personas afectadas.
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