El Ayuntamiento de Ciudad Valles podría enfrentar el embargo de cuentas públicas, bienes o inmuebles municipales debido a un laudo laboral que data del año 2000 y que, tras más de dos décadas de omisiones por parte de administraciones anteriores, hoy asciende a 26 millones de pesos.
Víctor Manuel Palomares Tejeda, síndico municipal, confirmó que hace unos días recibieron una notificación formal sobre el cumplimiento de dicho laudo, el cual fue promovido por siete exfuncionarios despedidos en ese entonces. “Ellos no quieren reinstalación, exigen entre seis y siete millones de pesos cada uno”, declaró, y reconoció que las posibilidades económicas del municipio no alcanzan para enfrentar una erogación de esa magnitud.
“Estamos analizando jurídicamente qué se va a hacer. Por eso pedimos que el asunto se tratara de forma privada en el seno de Cabildo, porque estamos hablando de montos muy elevados y, por seguridad, requiere un manejo discreto. Existe el riesgo real de embargo de cuentas, bienes o cualquier propiedad del municipio”, advirtió el síndico.
Palomares fue claro: para enfrentar este pasivo legal, sería necesario modificar el presupuesto de egresos y contemplar un posible pago parcial, aunque reiteró que “no estamos obligados a lo imposible”.
El diálogo con los exfuncionarios demandantes está roto. “No aceptan ningún otro acuerdo que no sea el pago completo. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje nos ha hecho un requerimiento especial, y las finanzas del municipio apenas alcanzarían para un pago mínimo”, añadió.
Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán, señaló que se está evaluando promover un juicio de responsabilidad en contra de los exservidores públicos de la administración del año 2000, quienes habrían sido omisos en la defensa del Ayuntamiento. “Si se comprueba que no presentaron pruebas o no acudieron a audiencias, podrían ser sancionados, desde una inhabilitación hasta ser obligados a resarcir el daño”.
El caso será revisado a fondo para conocer si hubo negligencia o complicidad durante los últimos 25 años. Mientras tanto, el actual gobierno municipal está contra las cuerdas por un problema heredado que hoy pone en riesgo el patrimonio público de todos los vallenses.
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