Las investigaciones sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, avanzaron este lunes con el hallazgo de dos presuntos participantes en el ataque, localizados sin vida a un costado de la carretera Uruapan–Paracho, en el tramo correspondiente al municipio de Capácuaro. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, uno de ellos tenía apenas 16 años, lo que marca la segunda ejecución de un menor de edad relacionada con el caso.
Los cuerpos fueron encontrados el 10 de noviembre de 2026, nueve días después de que el primer agresor —Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años— fuera abatido la noche del ataque contra el alcalde durante una celebración del Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan. Las autoridades confirmaron que los dos jóvenes hallados en Capácuaro acompañaban al autor material al momento del atentado.
El gobernador Ramírez Bedolla señaló que los perfiles de los implicados subrayan la participación de adolescentes en dinámicas de reclutamiento criminal en regiones donde operan grupos dedicados a la extorsión y al control territorial. El hecho vuelve a poner en la mesa la utilización de menores en actividades violentas.
Además del avance en las pesquisas, persiste una de las interrogantes sobre el día del ataque: la muerte del agresor de 17 años. La FGE mantiene abierta una investigación para determinar cómo ocurrió el abatimiento luego de que fuera sometido por escoltas municipales. Las autoridades analizan el uso de fuerza, ya que se registró un solo disparo en medio de un forcejeo.
El gobernador también informó que el alcalde contaba con ocho escoltas personales y 14 elementos de la Guardia Nacional asignados a su seguridad.
Tras el hallazgo de los dos cuerpos, miembros del Gabinete de Seguridad federal se trasladaron a Uruapan para reunirse con la presidenta municipal, Grecia Quiroz, y con representantes del sector aguacatero. Durante el encuentro se acordó el reforzamiento de la vigilancia, la atención de denuncias de extorsión y la revisión de los esquemas de protección para funcionarios municipales, medidas integradas en el denominado “Operativo Paricutín”.
La FGE continúa con peritajes, análisis balísticos y la revisión de comunicaciones para determinar si hubo autores intelectuales y esclarecer los móviles del crimen, así como la ejecución de los presuntos cómplices. Las autoridades reiteraron que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.
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