Desde que Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, impulsó medidas arancelarias y reactivó cuotas compensatorias que afectan envíos agrícolas mexicanos, miles de familias del Altiplano potosino comenzaron a ver con creciente alarma cómo reducían ingresos que, durante décadas, dependieron en buena medida del mercado estadounidense; la decisión de Washington de imponer un arancel cercano al 17 por ciento sobre el jitomate mexicano, además de otros ajustes similares, no es un episodio aislado sino la culminación de tensiones comerciales que repercuten en cadena; menos demanda externa, márgenes más estrechos para los exportadores y presión directa sobre precios pagados al productor.
En San Luis Potosí, estado que figura entre los principales exportadores nacionales de jitomate, chile y otros productos agrícolas, y que, además, concentra producción clave en municipios del Altiplano como Cedral, Matehuala, Villa de Arista y Rioverde, en la Zona Media, los empresarios agropecuarios y autoridades locales reconocieron el impacto inmediato que se reflejó contratos que renegociados a la baja, envíos que se desviaron o se encarecieron por la nueva carga arancelaria, y la necesidad urgente de buscar destinos alternativos para la fruta que antes entraba prácticamente sin fricción al mercado norteamericano.
Para el ganadero y el agricultor del Altiplano, las consecuencias son concretas: márgenes de ganancia más reducidos por el encarecimiento de colocar producto en mercados clave; mayores inventarios temporales que presionan precios locales; decisiones de reducción de inversión o de supresión de ciclos productivos y la posibilidad real de reducir jornales, suspender siembras o reorientar la producción hacia cultivos con menor acceso a volumen de exportación. Estos efectos no sólo implican pérdidas económicas directas para los productores, sino también un aumento del riesgo socioeconómico en comunidades donde la agricultura y la ganadería son columna vertebral del sustento familiar y del empleo rural.
La respuesta institucional federal y estatal sido insuficiente, aunque se ha dirigido a la búsqueda de negociaciones multilaterales y la implementación de medidas para diversificar destinos. En San Luis Potosí, las autoridades han planteado estrategias para abrir mercados en Asia y otras regiones, así como la búsqueda de apoyos y esquemas de mitigación para productores, pero cualquier plan de reconversión comercial exige tiempo, inversión en logística y adaptación de estándares fitosanitarios que no se resuelven en el corto plazo, lo que deja a los productores en una franja de vulnerabilidad mientras se renegocian rutas y contratos.
Además, la medida arancelaria incide en la cadena de valor más amplia: insumos importados, fertilizantes y maquinaria cuyos precios o disponibilidad pueden verse afectados por tensiones arancelarias globales incrementan los costos de producción; al mismo tiempo, eventuales represalias o nuevas imposiciones entre los dos países crean volatilidad y aumentan el costo financiero de operar, sobre todo para medianas y pequeñas unidades productivas que no tienen colchón de liquidez. Estudios y análisis sobre episodios previos de guerra arancelaria muestran que, aunque los objetivos declarados son proteger sectores nacionales, los efectos colaterales suelen incluir pérdidas de cuota de mercado, desplazamientos productivos y aumentos en el precio final al consumidor, es decir, un traslado parcial
Desde luego, el golpe no queda ahí, pues también hay jornaleros con jornadas reducidas, familias que dependen de la temporada de cosecha para pagar servicios y deudas, y pequeños ganaderos que ven encarecer sus insumos mientras sus canales de venta se estrecha.
Productores y organizaciones como la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, reiteran que la cadena productiva debe diversificar mercados de exportación para no depender de Estados Unidos; fortalecer canales de comercialización internos y regionales; promover esquemas de financiamiento y de seguro agrícola que protejan el ingreso ante este tipo de situaciones y avanzar en mayor agregado de valor local para reducir la exposición a impuestos a la materia prima y elevar la resiliencia comercial.
Ninguna de estas medidas es inmediata, y ninguna sustituye los ingresos que hoy se pierden, pero juntas pueden amortiguar el golpe y reducir la probabilidad de que el ajuste se traduzca en crisis sociales en municipios del Altiplano.
La evidencia confirma que la política arancelaria impulsada por Estados Unidos produjo un punto de inflexión en 2025 que obligó a productores, autoridades y comerciantes a replantear estrategias en caliente. La dimensión real del impacto en San Luis Potosí, planteada en empleos perdidos, en ingresos familiares y en la sostenibilidad de explotaciones pequeñas y medianas, dependerá de la eficacia de las medidas de diversificación, de la negociación diplomática y del acceso a apoyos temporales, pero ya hoy la medida ha dejado una marca tangible en un tejido rural que no puede permitirse largos periodos de inestabilidad.
Seguiremos informando
