Propietarios de bares, cantinas y pequeños negocios del municipio de Rioverde denunciaron un esquema de presunta extorsión encabezado, según señalan, por el alcalde Arnulfo Urbiola Román. Las quejas apuntan a que elementos de la Policía Municipal visitan establecimientos para exigir aportaciones económicas a cambio de permitirles operar con normalidad; de lo contrario, colocan sellos de clausura o amenazan con inspecciones constantes.
Los afectados relataron que la presión aumentó en días recientes, particularmente en el primer cuadro de la ciudad y la zona de antros. Aseguran que las cuotas solicitadas varían según el giro y el tamaño del local y que, al negarse a pagarlas, enfrentan el cierre inmediato del negocio o la suspensión temporal de licencias. Los comerciantes refieren que el dinero exigido no se queda entre los agentes, sino que habría sido ordenado por el propio presidente municipal.
Las denuncias surgen tras varios operativos municipales en los que se clausuraron bares y cantinas bajo argumentos de presuntas irregularidades administrativas, aunque las actas de inspección, según los afectados, carecen de sustento legal. El clima de hostigamiento llevó a comerciantes a solicitar la intervención del Gobierno del Estado y de la Federación para investigar el posible uso de la fuerza pública y la presunta red de cobros ilegales.
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