A los once años, una niña debería estar aprendiendo a multiplicar o jugando con sus amigas al salir de la escuela, pero en Matehuala, una menor de esa edad se convirtió en madre. El presunto padre es un hombre de 47 años. La noticia estremeció por un instante a la opinión pública. La Fiscalía General del Estado, según informó, abrió una carpeta de investigación por violación equiparada, pero nada asegura que se haga justicia. Como en tantos otros casos del Altiplano Potosino, lo más probable es que esta historia se sumerja pronto en el silencio.
Matehuala, la famosa ciudad de las camelias, guarda en sus barrios y colonias una realidad más oscura: una cadena persistente de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes que se reproduce año con año sin que las autoridades logren erradicarla. El caso de la niña embarazada no es un hecho aislado, sino parte de un patrón inquietante que va desde el abuso doméstico hasta la trata de personas, pasando por embarazos infantiles, redes de encubrimiento y omisiones oficiales.
En 2022, un hombre identificado como Rodolfo “N.” fue sentenciado a 10 años de prisión por violar a una menor. La condena tardó más de dos años en llegar. En 2023, otro sujeto, José Juan “N.”, fue procesado por violación agravada; recibió apenas seis años de cárcel. Ese mismo año, Vicente “N.”, de 69 años, fue denunciado por abuso sexual contra una niña de apenas nueve años de edad. En diciembre de 2024, el caso de una menor vendida por mil pesos en Xilitla volvió a conectar a Matehuala con otro hecho atroz; la niña fue entregada a un hombre adulto que presuntamente la violó en esta ciudad. Los responsables, Sara “N.” y Feliciano “N.”, enfrentan cargos por trata y violación, pero la red de explotación detrás de ellos sigue sin esclarecerse.
Las historias tienen diferentes nombres, edades y circunstancias, pero el patrón se repite; niñas violentadas en entornos rurales o marginales, agresores adultos, normalmente conocidos por la víctima o incluso familiares, procesos judiciales tardíos o ineficaces y una sociedad que no reacciona como se necesita. Muchas veces, los casos ni siquiera llegan a los tribunales. Se “resuelven” en privado, con pactos familiares, pagos en efectivo o silencios impuestos por vergüenza, miedo o ignorancia.
En comunidades rurales de Matehuala, Cedral o Villa de la Paz, las niñas crecen sin información sobre sus derechos, sin acceso a atención psicológica, sin redes de protección reales. Algunas creen que ser abusadas es parte de la vida. Otras ni siquiera tienen palabras para nombrar lo que les ocurre. Los albergues para víctimas son escasos, las campañas educativas brillan por su ausencia y el sistema de protección apenas alcanza a reaccionar cuando el daño ya está hecho. En los juzgados, los casos se empolvan. En las escuelas, los directores temen involucrarse. En los barrios, las vecinas se resignan. En los hogares, las niñas callan.
Y mientras tanto, en las calles, en los campos, en las casas de concreto y lámina, nuevas historias se gestan. Niñas que serán madres sin haber entendido aún qué es la infancia. Menores que serán vendidos como mercancía. Adolescentes que serán culpadas por “provocar”. Los agresores caminan libres. Las víctimas, condenadas al olvido. El Altiplano potosino es una tierra rica en cultura, en música, en historia, pero también es un territorio donde la infancia corre peligro. Donde crecer puede ser una sentencia. Donde ser niña puede costarte la vida.
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