
A partir del 1 de octubre de 2025 entrará en vigor una nueva disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que impactará a todos los usuarios de banca digital en México. Quienes realicen transferencias electrónicas deberán definir un límite máximo para sus operaciones a través de aplicaciones móviles o banca en línea.
La regulación forma parte de la Circular Única de Bancos publicada en 2024 y tiene como objetivo reforzar la seguridad en las transacciones digitales. El nuevo esquema obliga a configurar el llamado Monto Transaccional del Usuario (MTU), que será obligatorio para transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), pagos de tarjetas de crédito a terceros, así como el pago de servicios e impuestos.
En caso de que los clientes no establezcan su límite antes del 30 de septiembre de 2025, los bancos aplicarán automáticamente un tope de 12,500 pesos mexicanos por operación (equivalente a 1,500 UDIS) a partir del 1 de enero de 2026. No obstante, los usuarios podrán modificar el monto definido en cualquier momento según sus necesidades.
Cabe destacar que servicios de baja cuantía, como Transferencias Express, CoDi y Dimo, mantendrán el mismo límite de 1,500 UDIS por transacción o acumulado diario, de manera independiente al MTU que el cliente configure para sus demás operaciones. La disposición aplicará de manera general a todas las personas que utilicen banca digital, y las instituciones financieras deberán habilitar la opción en sus plataformas a más tardar en la fecha señalada.
SAT también establece límites fiscales
De manera paralela a estas nuevas medidas bancarias, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) recordó que los préstamos o transferencias entre familiares y amistades por montos superiores a 600,000 pesos deben ser reportados. De no hacerlo, la persona que recibe el dinero puede enfrentar multas de hasta 35,000 pesos.
Esta obligación se fundamenta en el Artículo 86-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), que faculta a la autoridad fiscal a vigilar y sancionar los préstamos o aportaciones que no sean declarados. Con estas medidas, tanto la CNBV como el SAT buscan mayor transparencia y seguridad en las operaciones electrónicas, así como evitar riesgos fiscales y financieros entre los usuarios.
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