Lo que ocurre hoy en el Poder Judicial de San Luis Potosí no es una anécdota administrativa ni un simple ajuste de personal, es una señal de alarma que resuena en los pasillos de la institución y, de paso, en la confianza ciudadana hacia uno de los poderes del Estado que debería distinguirse, precisamente, por la certeza y la legalidad.
La salida o el despido, según a quién se le pregunte, de alrededor de 120 trabajadores ha sido presentada casi como una operación de limpieza, un término tan higiénico como inquietante cuando se aplica a personas y no a archivos duplicados. De un día para otro, accesos cancelados, contratos rescindidos y explicaciones escasas. La forma, como suele ocurrir, terminó siendo tan relevante como el fondo.
Tras la reforma reciente, el Órgano de Administración se convirtió en el nuevo gran gestor del Poder Judicial; recursos humanos, finanzas, estructura interna. Es ahí donde, en teoría, se toman las decisiones técnicas, racionales y estratégicas. Y todo apunta a que desde ahí se operó este recorte. El problema es que la racionalidad administrativa no siempre camina de la mano con la sensibilidad institucional, ni con la lógica operativa.
Porque más allá del número, y es que 120 personas no son pocas en ningún organigrama, está el impacto real en el funcionamiento cotidiano de juzgados y áreas de apoyo. Menos personal implica más carga de trabajo, más retrasos, más expedientes acumulándose en escritorios ya saturados. En un sistema judicial que de por sí arrastra rezagos históricos, la ecuación es sencilla: menos manos, menos justicia o, al menos, justicia más lenta.
El mensaje interno tampoco es menor. La incertidumbre se instala como política no escrita. Si hoy fueron 120, mañana puede ser cualquiera. Y cuando el miedo sustituye a la certeza laboral, la productividad se resiente, la lealtad institucional se erosiona y el ambiente de trabajo se enrarece. No hay reforma que funcione bien cuando el capital humano se siente prescindible.
Ahora bien, aunque el Órgano de Administración aparezca como el ejecutor directo, sería ingenuo pensar que las consecuencias políticas e institucionales no tocarán a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. Lourdes Anahí Zarazúa Martínez podrá no haber firmado cada decisión, pero es la cara visible del Poder Judicial, y en la política, incluso en la judicial, la percepción pesa tanto como el acto y ese peso hará que toda la institución se hunda en el pantanos que ellos mismos han creado.
Al final, la ciudadanía no distingue entre órganos, comités o áreas técnicas. Lo que ve es un Poder Judicial que despide personal sin explicaciones claras, que genera inconformidad interna y que parece más ocupado en reordenarse a sí mismo que en garantizar su función esencial: impartir justicia de manera pronta y eficaz.
Quizá todo forme parte de una reingeniería necesaria, de un ajuste inevitable o de una estrategia de ahorro largamente planeada. Pero si ese es el caso, la pregunta sigue en el aire: ¿por qué hacerlo así? ¿por qué sin comunicación clara? ¿por qué asumir el costo institucional de la opacidad?
Es claro que, en el Poder Judicial, como en la justicia misma, las formas importan. Y cuando se administran mal, terminan por convertir una decisión administrativa en un problema político, operativo y, eventualmente, judicial. Paradójico, sin duda, para una institución que debería saber mejor que nadie que todo acto tiene consecuencias.
Cavilaciones:
Primera: El subsecretario de Gobernación, enlace con el Poder Legislativo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, se dejó ver en San Luis Potosí a finales del mes de diciembre. El político morenista no pierde las esperanzas de competir por la gubernatura y aprovechó su estancia para ir a un cafecito ubicado en avenida Carranza, en la capital potosina, donde se concentran grillos de alta escuela. En sus andanzas por el cuatroteísmo, Juan Ramiro ha perdido amigos entrañables como Fabián Espinoza, Lucy Lastras, Gustavo Robledo y muchos otros de los llamados «macabeos».
Segunda: La secretaria de Desarrollo Social del Gallardato, María del Rosario Martínez Galarza, está en su mejor momento. Este felino la ha visto crecer en esa dependencia, tanto así que se ha vuelto una experta manejadora de entrevistas con datos concretos y precisos de los programas sociales. Su manejo es muy fluido. Conoce los programas, tiene todas las respuestas y, además, se ha esmerado en pulir su imagen personal. Sólo una cosa le pide este filósofo: Que atienda denuncias que señalan abusos de gandallas y alcaldes con aspiraciones para el 2026 que regatean los beneficios de los programas a la gente pobre.
Tercera: Anoche se viralizó una declaración del presidente de EUA, Donald Trump. En ella, asegura que realizará ataques terrestres contra los cárteles en México. Agarren sus pistolitas de agua por si se ofrece ¡Miau!
