Una denuncia ciudadana puso en el centro de la polémica una resolución judicial emitida en el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, relacionada con la custodia de un menor de edad y los presuntos riesgos a los que estaría expuesto, así como la posterior agresión y amenazas en contra de la jueza que dictó la medida.
De acuerdo con las denuncias y testimonios que se han dado a conocer, la jueza Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez ordenó, durante una audiencia celebrada el 16 de diciembre de 2025, la entrega inmediata de un menor a su madre, pese a que, acusan, existían antecedentes considerados de riesgo y una carpeta de investigación abierta que recomendaba evitar el contacto hasta concluir valoraciones psicológicas. El menor permanecía bajo una medida provisional de depósito a favor del padre desde julio del mismo año.
Según precisan, la diligencia estaba programada únicamente para la presentación del niño y la revisión de condiciones, así como para analizar la ampliación de la medida provisional, sin embargo, la resolución se emitió de manera sorpresiva y en un lapso breve, ordenando la restitución del menor a la madre. Señalan, además, que el niño manifestó no querer retirarse y que, aun así, fue entregado, lo que estaría colocándolo en una situación de vulnerabilidad.
Tras darse a conocer el mandato, algunos de los presentes, supuestamente familiares y amigos del padre, increparon a la jueza a quien agredieron verbalmente, la tacharon de corrupta y hasta la amenazaron. Las agresiones quedaron registradas en un video que circula en redes sociales, en el que se observa y escucha a personas increpar y amedrentar a la juzgadora, hechos que también han sido ampliamente condenados por diversos sectores, al considerar que representan un ataque directo a la integridad de una servidora pública y al ejercicio de la función judicial.
La situación ha abierto un debate público en torno a la necesidad de que las decisiones judiciales en materia de custodia se apeguen de manera estricta a la protección de los niños y adolescentes y, por el otro lado, al hecho de que una jueza sea objeto de agresiones y amenazas.
Hasta el momento, no existen posicionamientos públicos al respecto.
Seguiremos informando.
