La carretera 57 es, en el discurso oficial, una de las arterias más importantes del país. En la realidad cotidiana, es una franja de asfalto donde la ley aparece de manera intermitente, selectiva y, en no pocas ocasiones, sospechosamente distraída. Quien la recorre con frecuencia sabe que no es exageración; asaltos, robos, disparos, bloqueos y atracos perfectamente planeados forman parte del paisaje, sobre todo cuando el trayecto toca territorio potosino.
Lo ocurrido recientemente con el asalto a un autobús de pasajeros, con botín millonario y pánico a bordo, no es una anécdota aislada ni un golpe de mala suerte. Es, más bien, una postal reiterada de lo que sucede cuando una carretera estratégica se convierte en zona franca para el crimen organizado. Dos sujetos suben como pasajeros, sacan armas, disparan dentro de la unidad y se llevan una fortuna. Todo con una eficiencia que haría pensar que conocen la ruta mejor que las propias autoridades.
Y aquí es donde surge la pregunta incómoda: ¿De verdad nadie ve nada? ¿O lo que pasa en la 57, especialmente en tramos como El Huizache y sus alrededores, es tan normal que ya no amerita reacción?
Porque si algo abunda en la carretera 57 no es precisamente la vigilancia preventiva. Lo que sí aparece, de pronto y sin previo aviso, son los retenes. Esos operativos improvisados de la Guardia Nacional y, en ocasiones, bajo la sombra de la Fiscalía General de la República, que no parecen diseñados para proteger al ciudadano, sino para ponerlo a prueba; papeles, revisiones interminables, miradas inquisitivas y una clara sensación de que el viajero es más sospechoso que el mismo criminal.
Resulta curioso, por decirlo con elegancia, que estos retenes sean expertos en detener a automovilistas, transportistas o comerciantes, pero sorprendentemente ineficaces para detectar a grupos criminales que operan con calma, logística y conocimiento del terreno. Es como si el crimen organizado tuviera pase libre y el ciudadano común cargara con la culpa de circular por una carretera federal.
El Huizache se ha vuelto un nombre recurrente en las crónicas de violencia y asaltos. No por accidente, sino por omisión. La zona es conocida, señalada, documentada y, aun así, sigue siendo escenario de delitos que parecen ejecutarse con la certeza de que no habrá consecuencias inmediatas. Esa certeza no nace de la nada; se construye cuando la autoridad llega tarde, mal o solo para cumplir con el retén del día que, al final, no hace nada bueno y que, con el tiempo, con un aparente contubernio entre autoridades y criminales, han convertido a esta ruta en una boca de lobo.
La ironía es brutal; una de las vías más importantes del país está custodiada por una estrategia que parece más preocupada por el trámite que por la seguridad. Y así, entre retenes de utilería y criminales bien organizados, la 57 continúa siendo lo que muchos ya asumen con resignación, una carretera donde la ley pasa de largo.
Cavilaciones:
Primera: Según los informantes de este felino, esta Navidad no habrá mucha paz que digamos en las altas esferas de la política potosina. Una disputa en el primer círculo del gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, promete emociones fuertes ¡Agárrense!
Segunda: Que los cincuentones potosinos que fueron detenidos en San Miguel de Allende hace unos días, la vieron cerca después de agredir a policías municipales. Los mirreyes potosinos ya pusieron pies en polvorosa. Ahora sí que se les apareció el chamuco en pleno diciembre.
Tercera: La Ley Gobernadora ha provocado sentimientos encontrados en diputadas, esposas de políticos, esposes, mujeres, personas trans y todo lo que tenga parecido con una mujer. Podrán aspirar a alcaldías y a la gubernatura, pero hay hombres y personas no binarias que también piensan dar la pelea ¡Y soporten, panzonas! ¡Miau!
