El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) alista una acción jurídica para impugnar la reforma electoral aprobada en San Luis Potosí que obliga a los partidos políticos a postular exclusivamente mujeres para la elección de la gubernatura en 2027, disposición conocida públicamente como la “Ley Gobernadora”.
El anuncio fue realizado por la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, quien adelantó su intención de recurrir a una acción de inconstitucionalidad al considerar que la reforma limita el derecho de la ciudadanía a elegir libremente entre todas las opciones políticas posibles. Aunque el pronunciamiento se hizo desde otro estado, la postura fue emitida en respuesta directa a cuestionamientos sobre leyes locales que establecen candidaturas obligatorias por género para las gubernaturas, como ocurre en San Luis Potosí.
Desde la óptica de Morena, este tipo de reformas no deben restringir quién puede aparecer en la boleta electoral, ya que, sostienen, el principio democrático se basa en que sea la población quien decida sin condicionamientos. Por ello, el partido anticipó que llevará el tema a los tribunales constitucionales para que se revise la validez de la medida aprobada por el Congreso potosino.
La reforma electoral en San Luis Potosí establece que, debido al principio de alternancia de género y a la falta histórica de mujeres en la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, en el proceso electoral de 2027 únicamente podrán registrarse candidatas mujeres para la gubernatura, aplicando esta regla a todos los partidos políticos.
En paralelo, la dirigencia de Morena también fijó postura sobre la reforma constitucional federal contra el nepotismo, la cual prohíbe la sucesión de cargos públicos entre familiares a partir de 2030. En ese contexto, el partido anunció que aplicará esta restricción de manera anticipada, desde el proceso electoral de 2027, como una decisión interna, evitando postular a familiares directos en cargos de elección popular.
Con este posicionamiento, Morena abre un nuevo frente jurídico y político en torno a la reforma electoral potosina, mientras se perfila un debate nacional sobre los alcances de la paridad de género, la alternancia y los límites legales en la definición de candidaturas para cargos ejecutivos.
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