El Presupuesto de Egresos 2026 dejó una estela de sospechas que ni la retórica parlamentaria ni los comunicados de ocasión han logrado disipar. Todo indica que lo ocurrido con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no fue una decisión técnica ni un ajuste responsable, sino una auténtica vendetta legislativa. Porque, si algo quedó claro, es que los diputados encontraron en la UASLP el pretexto perfecto para desfogar tensiones acumuladas durante meses de desencuentros, desplantes y egos heridos.
Y esto resulta aún más evidente cuando recordamos el origen de todo: el Ejecutivo estatal propuso otorgarle a la Universidad más de 500 millones de pesos, una cifra que permitiría cumplir con metas federales, fortalecer programas académicos, evitar sobresaltos en nóminas y, en lo posible, apostar por la expansión que el sistema educativo superior tanto necesita. Pero llegó el Congreso y decidió, con mano firme y criterio frágil, que no, que era mejor recortarle 186 millones de pesos y dejarla con apenas 320 millones. Un acto que, lejos de parecer sensato, huele más a represalia que a responsabilidad presupuestal.
La explicación técnica del ajuste jamás convenció a nadie ¿Faltó información? ¿No hubo claridad en los ingresos propios de la Universidad? Quizá. Pero cuesta mucho trabajo creer que una institución con más de cien años de vida, con procesos auditados y controles obligatorios, sea de pronto tan opaca como para ameritar semejante tijeretazo. Sobre todo, cuando los mismos diputados que hoy exigen orden y claridad no aplican ni la mitad de esos estándares en sus propios manejos internos. La realidad es que el recorte parece más un mensaje político disfrazado de dictamen financiero.
Lo más irónico y doloroso es que el discurso oficial insiste en que la educación será fortalecida, en que la formación de jóvenes es prioridad, en que el desarrollo del estado pasa por las aulas, sin embargo, cada presupuesto aprobado demuestra lo contrario. Hablan de apostar por la educación, pero el dinero asignado es cada vez más raquítico. Presumen compromiso con la formación profesional, pero ahorcan presupuestalmente a la máxima casa de estudios. Prometen futuro, pero entregan migajas.
Y aquí vale la pena detenerse en un punto que a muchos incomoda, pero que es imposible ignorar: la Comisión de Hacienda del Estado, ese grupo de legisladores que decidió el destino financiero de la Universidad, está integrada por perfiles cuya experiencia en materia económica es, siendo generosos, limitada. No es un asunto personal; es un asunto de capacidad.
Ahí está la presidenta de la Comisión, la diputada María Dolores Robles Chairez, nutrióloga de profesión, a quien nunca se le ha conocido formación en temas financieros. Sin duda debe ser excelente diseñando dietas, pero evaluar presupuestos multimillonarios es otro tipo de metabolismo. A su lado, María Leticia Vázquez Hernández, experta en política criminal, campo que nada tiene que ver con la gestión responsable de recursos públicos. Está también Jessica Gabriela López Torres, titulada como abogada hace apenas tres años. Su experiencia se centra en el trabajo de campo como servidora de la Nación en la delegación del Bienestar.
A esta alineación se suma Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, quien todavía está descubriendo qué hace exactamente un diputado, porque acaba de llegar en sustitución de Paty Aradillas; y Crisógono Pérez López, un maestro de la vieja escuela que, cuando menos, debería saberse la tabla del 1, aunque la complejidad presupuestal sugiere que quizá necesitaría conocer al menos la del 2. Finalmente está Tomás Zavala González, un legislador que presume riqueza a todo aquel que quiera escucharlo, pero que, en tribuna o en reuniones de comisión, batalla para hilar una frase lógica, ya no digamos para explicar un ajuste presupuestal de cientos de millones.
Con un elenco así, ¿de verdad sorprende que el dictamen final pareciera más una reacción visceral que un análisis serio? ¿De verdad alguien puede sostener que se trató de un acto técnico, objetivo y razonado? En todo caso, lo que sorprende es que decisiones de tal calibre estén en manos de perfiles tan dispares, tan improvisados y, en algunos casos, tan evidentemente rebasados por la responsabilidad que cargan.
La UASLP, con todos sus aciertos y errores, sigue siendo una institución fundamental para el desarrollo del estado, una casa que forma a miles de jóvenes y que sostiene servicios, investigación y proyectos que van mucho más allá de las aulas. Castigarla presupuestalmente no fortalece al Congreso ni demuestra rigor: exhibe pequeñez política y, sobre todo, envía un mensaje peligroso: que la educación es negociable, que el conocimiento se regatea, que la autonomía se disciplina a punta de recortes.
Si los diputados querían demostrar poder, lo lograron. Pero si pretendían demostrar capacidad, visión o compromiso con el desarrollo de San Luis Potosí, el resultado es exactamente el contrario. Porque la educación no se fortalece con discursos, sino con decisiones. Y esta, lamentablemente, fue una de las peores.
Cavilaciones:
Primera: Si usted necesita hacer algún trámite bancario el día de hoy, ni lo intente. Este día se considera descanso obligatorio para los trabajadores bancarios.
Segunda: Corre por los clubes fifís del pueblo el rumor de que lo que ocurrió el miércoles en el Parque Tangamanga tiene que ver con “El Señor de los Tanques”. El que le entendió, le entendió ¡Miau!
Tercera: Cuentan que el exrector de la UASLP, Mario García, está más que apuntado para buscar la alcaldía capitalina en el 2027. Hay quienes aseguran que, según dice, si es necesario declararse María, lo hará sin vacilar ¡Ay sí! ¡Tú las traes y no me la pegas!
Maullido: Felicidades a todas las Lupitas y a los J. Guadalupes
