Los ministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea aprobaron este lunes en Bruselas el primer paso para endurecer su política migratoria, mediante un paquete de medidas que incluye la creación de centros de retorno ubicados fuera del territorio europeo para enviar a migrantes cuya solicitud de asilo sea rechazada. La propuesta aún debe ser ratificada por el Parlamento Europeo.
El plan también contempla sanciones más severas para quienes se nieguen a abandonar la UE y la posibilidad de trasladar migrantes a países considerados «seguros», aunque no sean sus lugares de origen. Este giro se da pese a que las entradas irregulares disminuyeron 20 por ciento en el último año, en un contexto político marcado por el avance de la derecha y la extrema derecha.
Organizaciones defensoras de migrantes y sectores de izquierda advirtieron que estas medidas vulneran derechos humanos y aumentan la inseguridad para las personas en tránsito. España y Francia también expresaron dudas sobre la eficacia y legalidad de los centros de retorno, aunque reconocen que mantener esta postura es cada vez más difícil ante la presión de otros Estados miembros.
Paralelamente, los Veintisiete alcanzaron un acuerdo sobre un nuevo sistema de reparto de solicitantes de asilo, que obligará a los países a recibir personas o, en su defecto, pagar 20 mil euros por cada solicitante a los Estados que enfrentan mayor carga migratoria. Este mecanismo entrará en vigor en junio, aunque la distribución acordada se mantiene confidencial.
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