La nueva Ley de Aguas avanzó en el Congreso de la Unión como suelen hacerlo las decisiones que nadie quiere enfrentar de día; rápido, en fast track y con la discreción de quien sabe que está pateando un avispero. Con 328 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una legislación profundamente rechazada por el sector agrícola y campesino, ignorando, sin rubor alguno, a quienes dependen del agua para producir los alimentos que sostienen la economía popular.
El gobierno y sus operadores legislativos prometen que la ley garantiza el derecho humano al agua. Una frase bonita, pero en el campo, donde los derechos se miden en litros y no en discursos, la reforma tiene otro significado; incertidumbre, restricciones, pérdida de patrimonio y posible criminalización de actividades básicas para la producción agrícola.
Los productores lo advirtieron con claridad: sin certeza hídrica no hay futuro. Sin capacidad de heredar o transmitir derechos de agua, se rompen generaciones completas de saber agrícola. Y sin reglas claras, nadie invierte. Todo eso fue explicado en foros, marchas, cartas y comunicados. ¿La respuesta del Congreso? Un silencio que retumba más fuerte que cualquier protesta.
Y para añadirle un toque de realismo mágico, el diputado potosino Óscar Bautista Villegas, El Cochiloco, para los amigos y los no tan amigos, fue el encargado de presentar las “bondades” de esta ley que, en los hechos, atropella derechos y amenaza con desatar un conflicto nacional. No es poca cosa.
Me acuerdo bien de un video (que debo tener entre mis curiosidades) donde Bautista Villegas aparece en la polémica votación de la Reforma Energética de 2013. Allí, abanderando al PRI, aseguraba con gesto triunfal que la reforma era para bien de México. El tiempo confirmó que aquel discurso fue un espejismo o algo peor. Ahora, una década después, parece que el diputado tiene un don especial; presentarse justo en los momentos clave que terminan siendo los peores capítulos de la historia legislativa del país.
Mientras tanto, la realidad se impone con la claridad que al Congreso le faltó: los costos del campo subirán, la producción se encarecerá y, en consecuencia, los alimentos serán más caros. Así, aunque el salario mínimo aumente, la gente podrá comprar menos. Es una ecuación simple, de esas que ningún dictamen o discurso puede maquillar.
Lo más preocupante es que, en su afán de controlar el agua desde el escritorio, la Federación podría estar sembrando las condiciones para una revuelta social. Porque cuando se toca la tierra, el agua y la comida, no sólo se mueven cifras, se mueven vidas enteras.
La nueva Ley de Aguas nace con la legitimidad fracturada y con el fantasma del descontento recorriendo el país. Quizá el Congreso ganó tiempo con su fast track, pero en el mediano plazo, podría descubrir que la prisa legislativa suele cobrarse con intereses.
Cavilaciones:
Primera: Felinos muy bien enterados aseguran que la Hacienda Gogorrón, que hoy administra el Gobierno del Estado, está a la venta. Los potenciales compradores han hecho una oferta que los ejidatarios no podrán rechazar ¡Miau!
Segunda: Mario Godoy, hermano de la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy, se puso loco de contento cuando vio a su carnalita rendir protesta en el Senado de la República. Aquí, en Pueblo Quieto, Mario se ubica al nivel de la dirigente de Morena y cuasi delegada del Bienestar, Rita Ozalia Rodríguez, hermana de la secretaria de Gobernación, la huasteca Rosa Icela Rodríguez.
Tercera: De todos los pinos navideños que brillan en las plazas principales de la zona metropolitana de San Luis Potosí, el que instaló el alcalde Juan Manuel Navarro, en Soledad, es el más bonito. Por mayoría de opiniones, gana el primer lugar. Estrellita, pues, para el edil soledense.
