A unos minutos de la medianoche del viernes 28 de noviembre, se distribuyó en la Cámara de Diputados el proyecto de dictamen de la nueva Ley General de Aguas, que busca priorizar el derecho humano al agua, regular las concesiones y establecer nuevos delitos hídricos.
El documento, que también modifica la Ley de Aguas Nacionales, incorpora ajustes derivados de las demandas de campesinos y productores inconformes con la iniciativa original enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre los cambios, se mantiene la prohibición de transferir concesiones a terceros, pero se garantiza su sucesión sin perder la licencia por intentos de transmisión.
El dictamen precisa que cualquier reducción o cancelación de volumen deberá estar debidamente fundada y motivada, y establece que los títulos de concesión no utilizados serán retirados para reincorporar el recurso a las aguas nacionales. También se reafirma que todo permiso o asignación deberá priorizar el consumo humano y doméstico.
En la exposición de motivos, la Comisión de Recursos Hidráulicos señala que la nueva ley protegerá a pequeños usuarios rurales que han sido excluidos por no poder comprobar su uso en los últimos dos años, además, plantea combatir la impunidad fiscal, dado que en 2023 los usuarios industriales y de servicios sólo pagaron una fracción de lo adeudado.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que sostuvo reuniones de última hora con campesinos para integrar sus inquietudes. Aseguró que el dictamen llegará con precisiones y modificaciones, y que será discutido en comisiones el próximo miércoles, con la posibilidad de turnarlo al pleno ese mismo día o el jueves.
Seguiremos informando.
