Por momentos, la política potosina ofrece estampas dignas de un sainete. La más reciente: una guerra de invitaciones entre el Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para definir algo tan aparentemente simple, tan institucional, tan básico, como la sede de una reunión para revisar el presupuesto universitario.
Ambas partes, muy en su papel, lanzaron convocatorias como si se tratara de un duelo de solemnidad. Por un lado, el Poder Legislativo, defendiendo su auditorio como el sitio natural para dialogar con funcionarios de Finanzas y atender un asunto que consideran estrictamente formal. Por el otro, la UASLP, reivindicando sus espacios como adecuados, suficientes y técnicamente preparados para exponer con claridad el desfase presupuestal que arrastra desde hace meses.
Nada fuera de lo normal, salvo que las invitaciones se cruzaron, se traslaparon y se repitieron, como si la insistencia reemplazara al acuerdo. Cada institución jalando la cuerda hacia su lado, aferrada a que la reunión se haga en su terreno, en su espacio, bajo sus condiciones. Y mientras tanto, la reunión misma, la importante, la que debe destrabar un tema sensible para la Universidad y para el Estado, sigue flotando en el limbo administrativo.
Lo curioso es que ninguno de los involucrados ha dicho algo descabellado. El Congreso tiene razones para sostener que una revisión presupuestal requiere formalidad institucional. La UASLP, por su parte, señala que cuenta con las condiciones más que suficientes para presentar información técnica, jurídica y financiera. Ambos argumentos son válidos. Ambos espacios funcionan. Ambos actores tienen derecho a plantear lo suyo.
El problema no es quién tiene razón, sino que, entre tanta interpretación del protocolo, el fondo se está dejando de lado. La discusión no debería girar en torno a un edificio, un salón o una mesa, sino en torno a la urgencia de resolver un tema presupuestal que ya afecta la operación universitaria y genera incertidumbre en su comunidad.
El Congreso debe garantizar un proceso transparente, ordenado y apegado a norma. La UASLP, ofrecer la información técnica completa y defender las necesidades de su comunidad académica. Pero ambos deben dejar de jalar la cuerda por la cuerda misma.
Ya es momento de que ambas partes decidan algo tan elemental como dónde sentarse, para poder, ahora sí, discutir qué resolver. Porque lo que menos necesita San Luis Potosí es que una reunión clave se convierta en una postal más de enredos innecesarios. Y porque, al final del día, ninguna sede es más importante que el acuerdo que aún no llega.
Cavilaciones:
Primera: Los bloqueos carreteros pegarán duro en lo que más le duele a la población, la economía. El Gobierno Federal pagará muy caro ignorar las demandas de los productores agrícolas. Atribuir al PRI, al PAN al PRD tal movimiento es regalarles a los partidos un poder que claramente no tienen. La impericia política de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no hace más que profundizar el coraje del pueblo contra un erróneo desempeño del Sheinbaumato ¡Que Dios reparta suerte!
Segunda: Ayer, el IFSE dio a conocer que encontró irregularidades en el manejo de mil 400 millones de pesos, 600 de los cuales corresponden a la UASLP o lo que es lo mismo ¡Otra vez la burra al trigo! ¡Miau!
Tercera: Con bombo y platillo, Sara Rocha, presidenta del Congreso del Estado, presentará su informe de actividades legislativas en el Centro de Convenciones. El convite es para el viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas. Este felino cree que habrá invitados sorpresa.
