La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que plantea modificar 17 leyes para fortalecer la protección del Estado hacia mujeres, niñas y adolescentes en materia de justicia, salud, desarrollo social y entornos libres de violencia.
La propuesta, turnada a comisiones, parte del diagnóstico de que la violencia de género es un fenómeno estructural derivado de desigualdades, discriminación y barreras económicas. Por ello, el Ejecutivo busca establecer obligaciones reforzadas para las instituciones encargadas de procesos civiles y familiares, educación, trabajo, salud y vivienda.
Entre los cambios contempla que la Secretaría de Gobernación coordine mecanismos de alerta temprana en casos de violencia y el seguimiento de casos de tortura sexual. En justicia, ordena que jueces y autoridades actúen con perspectiva de género y reconoce la violencia vicaria como causa válida para iniciar procedimientos.
La iniciativa también propone que los gobiernos eliminen brechas de desigualdad y promuevan un desarrollo económico equitativo. En materia laboral, plantea obligar a centros de trabajo a garantizar espacios libres de acoso, hostigamiento y discriminación.
Con esto se busca que los estados y la Ciudad de México refuercen campañas para informar que el hostigamiento y acoso sexual son delitos y pueden ser motivo de rescisión laboral. También prevé la instalación de unidades de atención a víctimas de violencia de género.
En vivienda, se propone que los programas y apoyos se diseñen con perspectiva de género, con prioridad para mujeres jefas de familia y víctimas de violencia.
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