El conflicto entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí terminó en un episodio con final feliz: 206 millones de pesos depositados, la operación anual garantizada y un mensaje de cooperación institucional. Hasta ahí, todo parecería impecable, pero el camino para llegar a ese desenlace fue innecesariamente ruidoso, desgastante y políticamente torpe.
Porque sí, el asunto se resolvió, pero a un costo que pudo evitarse. Y ese costo lo pagaron dos actores: la UASLP, que pasó semanas bajo presión, y el gobernador Ricardo Gallardo, que terminó atrapado entre su narrativa pública y la impericia de algunos miembros de su gabinete.
Lo más visible fue el ruido; declaraciones contradictorias, funcionarios estatales negando deudas que otros confirmaban, mensajes que parecían más improvisados que informados, y un pleito que, sin llegar a la ruptura, sí generó una tensión innecesaria entre dos instituciones que dependen de la coordinación.
Mientras tanto, la UASLP tuvo que sostener una postura prudente. Y ahí vale la pena subrayarlo; el rector Alejandro Zermeño aguantó los embates, contuvo la presión política y desplegó una estrategia de gestión que lo tuvo al borde del colapso administrativo, pero que, finalmente, funcionó. No fue una victoria política, sino una resistencia paciente y técnica, de esas que rara vez se celebran, pero que salvan instituciones.
Lo que muchos no dicen en público (pero todos saben en privado) es que este diferendo estaba siendo aprovechado por ciertos grupos de poder fáctico dentro y fuera de la universidad. Había actores que deseaban prolongarlo, tensarlo y convertirlo en un problema estructural, no para fortalecer a la UASLP ni para exigir claridad financiera, sino para cargarle al rector una serie de malquerencias personales que desde hace tiempo buscan algún vehículo para expresarse.
Para ellos, el conflicto era perfecto: un gobernador polémico, un déficit histórico, una universidad con presiones internas y un rector que no pertenece a ningún clan. La intención era clara; dejar que el desgaste creciera hasta que el costo político recayera únicamente en la Rectoría. Y sí, hubo un momento en que esa estrategia estuvo a punto de funcionar.
El depósito de los más de 206 millones no sólo resuelve la urgencia financiera de la UASLP, que necesitaba liquidez inmediata para cerrar el año y sobrevivir a enero o febrero, sino que también desactiva un conflicto político que el gobernador no necesitaba. Pelear con la comunidad universitaria es, en cualquier circunstancia, un error, pero hacerlo en un contexto de tensión social, inseguridad y desgaste institucional es doblemente costoso. El abono permitió reencauzar la relación y cortar de raíz la narrativa de confrontación que algunos estaban alimentando.
Al final, ambas partes mostraron voluntad, pragmatismo y capacidad para cerrar un capítulo que debió ser estrictamente administrativo y que terminó convertido, por momentos, en un espectáculo político. La universidad demostró que puede resistir sin romper; el gobernador, que puede corregir sin exhibir fragilidad; y los operadores de siempre, que su juego tiene límites cuando las instituciones deciden asumir su papel con seriedad.
Aunque el episodio tuvo final feliz, también dejó claro que San Luis Potosí necesita más técnica y menos estridencia, más diálogo y menos torpeza, más instituciones fuertes y menos egos ansiosos por incendiar lo que no les pertenece.
Cavilaciones:
Primera: El fin de semana, hubo una boda en grande. Se trató del enlace matrimonial de la hija del diputado Óscar Bautista Villegas y, para celebrarlo, echó la casa por la ventana. Fue un evento muy político, pero al final, los novios se quedaron esperando al padrino, el alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola. Muy grosero y mal educado el tirano de la capital del mundo ¡Miau!
Segunda: Organizaciones de transportistas están convocando a un nuevo bloqueo nacional en carreteras en demanda de mayor seguridad. En redes sociales se afirma que este paro se realizará el próximo lunes 24 de noviembre. El llamado es para los automovilistas en general, así como para hombres camión, operadores de autobús y usuarios de transporte colectivo. Si no tienen que viajar ese día, por favor, quédense en sus lugares de origen.
Tercera: Y para todos los que se volvieron locos con el Buen Fin, ahí les va una mala; a partir del 2026, una reforma fiscal obligará a pagar nuevos impuestos en juicios sucesorios. Si no saben qué es eso, es tiempo de enterarse.
