El Sistema Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (COBACH) se encuentra bajo fuerte escrutinio luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera observaciones y un apercibimiento por presuntos abusos cometidos por directivas en distintos planteles del estado.
El director general del COBACH en SLP, Ricardo Daniel Zenteno, confirmó que actualmente dos directivos están siendo investigados por prácticas que habrían vulnerado los derechos de estudiantes y familias, y advirtió que sí podrían ser acreedores a sanciones, dependiendo de los resultados del área jurídica.
Respecto al caso del COBACH 25 de la capital, donde padres denunciaron que la institución obligó a los alumnos a vender boletos de rifa para financiar mejoras en laboratorios, Zenteno reconoció que los reclamos son justificados y que la dirección estatal ya revisa por qué esta dinámica se aplicó como una obligación, afectando a las familias.
“Hay ocasiones en que los padres se organizan para hacer mejoras en las escuelas, pero en el caso del Plantel 25 estamos revisando por qué se convirtió en una obligatoriedad”, explicó el funcionario.
Además, los tutores acusaron que algunos docentes presuntamente condicionaron puntos extra en calificaciones a cambio de la venta de boletos, hecho que calificaron como una forma de coacción que pone en duda la integridad académica.
En el caso del COBACH 08 de Xilitla, padres de familia denunciaron cobros excesivos y presunto desvío de recursos por parte de la directora Fátima Márquez Arvizu, incluyendo cuotas para gastos ajenos al plantel y pagos obligatorios de maquillaje y vestuario para actividades de Xantolo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya emitió una recomendación al COBACH estatal, y Zenteno afirmó que, una vez recibida la respuesta formal, se tomarán acciones y decisiones contra la directiva, de acuerdo con lo que determinen los análisis jurídicos.
El director Zenteno precisó que en todo el estado estas dos directivas están bajo investigación y que las sanciones pueden ser múltiples: desde amonestaciones formales, suspensiones, hasta destituciones, dependiendo de la gravedad de las conductas.
Aclaró que las decisiones no se basan en la cantidad de denuncias recibidas, sino en los hechos documentados, las repercusiones en la comunidad escolar y la vulneración de derechos.
“Las acciones se toman no por cuántas denuncias haya, sino por lo que provocan los actos que se están señalando”, enfatizó.
El COBACH estatal señaló que continúa revisando cada caso puntualmente y que las resoluciones se darán conforme avancen los expedientes jurídicos, garantizando que no se repitan prácticas de abuso ni se utilice la autoridad escolar para imponer cuotas o cargas indebidas a los estudiantes y sus familias.
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