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[VIDEO] Continúan las barreras para mujeres que quieren abortar en SLP: Colectivos

A un año de la despenalización de este procedimiento en el territorio potosino, potosinas reconocen avances y retos para garantizar el acceso a atención médica

A un año de la despenalización del aborto en San Luis Potosí, los colectivos feministas advierten que persisten obstáculos estructurales que impiden el acceso pleno al derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, al menos 674 mujeres y personas gestantes recurrieron a este procedimiento en el estado, aunque la mayoría lo hizo fuera de las instituciones públicas.

De acuerdo con un informe presentado por organizaciones del Frente Marea Verde, cerca del 70% de las interrupciones se realizaron con apoyo de redes de acompañamiento feministas, debido a que en los hospitales y clínicas del sector salud persisten resistencias, falta de personal capacitado y escasez de medicamentos.

Los Servicios de Salud estatales reconocieron haber atendido poco más de un centenar de casos, mientras que el IMSS y el ISSSTE reportaron cifras mínimas y, en algunos casos, información incompleta. En contraste, las acompañantas reportaron haber asistido a casi 500 mujeres durante el mismo periodo, principalmente mediante el uso de medicamentos y apoyo emocional.

El informe revela que la objeción de conciencia continúa siendo una de las principales barreras para el acceso a la ILE. En la mayoría de las unidades médicas públicas hay personal que se niega a realizar los procedimientos, y en el caso del IMSS, dos tercios de los ginecólogos registrados se declararon objetores. Además, ninguna de las instituciones de salud cuenta con protocolos o rutas de atención específicas para garantizar la prestación del servicio.

Aunque el presupuesto estatal destinado a la interrupción legal del embarazo se duplicó en 2025, más de la mitad de los recursos no se han ejercido y los medicamentos —misoprostol y mifepristona— aún no se adquieren por completo.

Las organizaciones subrayan que la despenalización legislativa representó un avance histórico, pero no una garantía real. Persisten vacíos legales, ya que el aborto sigue contemplado dentro del Código Penal, y no existe una regulación clara de la objeción de conciencia, lo que deja a muchas mujeres sin alternativas en casos urgentes.

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