La Universidad Autónoma de San Luis Potosí atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. Lo que comenzó como una genuina manifestación estudiantil en busca de justicia por un caso de agresión sexual contra una joven universitaria, derivó este martes en un escenario caótico, marcado por la violencia, los destrozos y la presencia de personas ajenas al movimiento que distorsionaron completamente su sentido original.
El punto de partida fue legítimo. Alumnos de la Facultad de Derecho exigieron que se atendiera con seriedad la denuncia presentada por una estudiante, presuntamente agredida por tres compañeros y una persona externa. El reclamo, en esencia, era justo; pedían atención, transparencia y la garantía de que las mujeres dentro de la UASLP puedan estudiar en un entorno seguro y libre de violencia. Ese llamado inicial, acompañado de un pliego petitorio y de marchas pacíficas, representaba una oportunidad para que la institución reflexionara y corrigiera fallas estructurales en sus protocolos de atención.
Lo que ocurrió este martes, sin embargo, cambió por completo el tono del movimiento. Grupos infiltrados, ajenos a la comunidad universitaria, irrumpieron en el Edificio Central de la Universidad, causando destrozos, pintas, y daños al patrimonio histórico y simbólico de la casa de estudios. De pronto, el reclamo legítimo fue secuestrado por voces que no representaban a los estudiantes, que comenzaron a exigir cosas absurdas y fuera de contexto, como la renuncia del rector Alejandro Zermeño Guerra. Esa exigencia no sólo carece de sentido, sino que resultaría profundamente dañina y que dejaría a la Universidad en completa indefensión institucional, abriendo la puerta a intereses políticos y oportunistas que, desde hace tiempo, buscan adueñarse de la máxima casa de estudios potosina.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ha optado por el silencio. Ni una declaración, ni un posicionamiento, ni un compromiso claro de investigar los hechos denunciados. Es inaceptable que, ante un caso de violencia sexual que detonó una crisis universitaria, la autoridad encargada de procurar justicia se mantenga ausente. Su omisión no sólo profundiza la desconfianza ciudadana, sino que también revictimiza a la joven denunciante y deja a toda la comunidad universitaria sin la certeza de que el delito será esclarecido.
Frente a este panorama, los propios estudiantes se deslindaron públicamente de los destrozos cometidos y convocaron a una manifestación pacífica en las instalaciones de la Fiscalía para este miércoles, exigiendo lo que en realidad los movilizó desde el principio; justicia. Ese gesto de responsabilidad estudiantil es una muestra de que dentro del movimiento aún prevalecen las voces sensatas, las que quieren transformar la universidad sin destruirla.
La crisis que vive la UASLP no es menor. Exige inteligencia, serenidad y un compromiso real de todas las partes. La institución debe reforzar sus protocolos, escuchar a su comunidad y actuar con firmeza, pero también con prudencia. Los estudiantes deben blindar su movimiento de intereses externos que buscan capitalizar su causa. Y la Fiscalía, si aún aspira a tener credibilidad, debe romper su silencio y asumir la responsabilidad que la ley le impone.
San Luis Potosí observa hoy a su universidad con preocupación, pero también con esperanza. Lo que ocurra en los próximos días definirá si la indignación estudiantil logra convertirse en una fuerza de transformación o si, por el contrario, se convierte en otro episodio más de manipulación y desencanto social.
Cavilaciones:
Primera: Cuentan que los presidentes municipales de Rioverde, Arnulfo Urbiola, y de Matehuala, Raúl Ortega, preparan a sus esposas para sucederlos en el cargo. Allá sus pueblos si quieren seguir padeciéndolos.
Segunda: Este día, comparecen tres funcionarios con motivo de la glosa del Cuarto Informe del gobernador Ricardo Gallardo. La secretaria de Salud, Mariana Gómez, es la primera en el orden y le sigue el de Seguridad, Jesús Juárez, que ayer fue visto con algunos diputados «planchando» su paso por el Poder Legislativo. La titular de la SCT, Araceli Martínez, ha generado buenas expectativas.
Tercera: Según expertos, el mercado inmobiliario de San Luis Potosí está tan deprimido que, si no se repone en las siguientes semanas, esperan un colapso en enero ¡Ay, nanita! ¡Miau!
