El equipo de auditores financieros y jurídicos del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, concluyeron su participación y supervisión en el proceso de Entrega – Recepción del Poder Judicial en todas sus salas y juzgados a lo largo del territorio potosino, que culmina un mes después de haberse instalado el nuevo Poder Judicial.
En total se registraron 52 Actos de Entrega – Recepción a lo largo y ancho del Estado, desde la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, pasando por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, hasta los juzgados más alejados de la capital donde existen distritos judiciales. Para esto, se mantuvo siempre comunicación constante con el Órgano de Administración del Poder Judicial.
“En su momento, participamos junto a los jueces y magistrados de las partes entrante y saliente, en la discusión y redacción del Acuerdo de Entrega – Recepción y desde que fue nombrado, mantuvimos comunicación constante con el nuevo Órgano de Administración del Poder Judicial, ajustándonos a sus tiempos, decisiones y necesidades”, señaló el Auditor Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López.
En relación con los hallazgos que descubrieron los auditores durante este período, el titular del IFSE informó que sobre todo en las localidades más alejadas, observaron entre otras situaciones, desconocimiento del proceso de entrega recepción en el personal y una marcada carencia de insumos, incluso para la impresión de documentos y formatos propios de la entrega – recepción, lo que causó retrasos en su presentación.
La participación del Instituto en este proceso de transición tal como se realizó ahora, sucedió luego de que en coordinación con la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso, presentaran una reforma a la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios, en el mes de junio pasado.
“Recordemos que los cambios en la estructura judicial, por ejemplo la desaparición del Consejo de la Judicatura y creación del Tribunal de Disciplina Judicial, hicieron necesario que trabajáramos en la reforma a la ley porque la anterior solo contemplaba mecanismos generales y no este inédito escenario”, afirmó Lecourtois López.
La iniciativa legal consiguió cubrir el vacío en la citada legislación tras las reformas a la Constitución y Ley Electoral, que no consideraron el proceso de entrega – recepción ni la función de vigilancia del organismo fiscalizador como sucederá a partir de ahora, donde la ampliación en ese sentido faculta al IFSE para supervisar directamente el proceso, detectar posibles irregularidades y emitir las declaratorias que se requieran.
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