La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos interceptó mensajes entre traficantes de heroína en Chicago y líderes del cártel Guerreros Unidos en México durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014, pero esa información no llegó a los investigadores mexicanos hasta años después, según el Archivo de Seguridad Nacional en Washington.
Los textos, obtenidos mediante teléfonos Blackberry de líderes del cártel, mostraban la reacción de los criminales a los ataques contra los estudiantes y evidenciaban corrupción en autoridades locales, estatales y militares. Sin embargo, los fiscales mexicanos no recibieron la totalidad de estos mensajes hasta 2022.
La DEA contaba con autorización judicial para monitorear a la célula de Chicago, que trasladaba drogas a esa ciudad y dinero a México mediante autobuses. Los líderes Adán Casarrubias Salgado y Pablo Vega Cuevas, condenados en 2025 en tribunales estadounidenses, intentaban proteger a su organización tras los ataques.
Investigadoras del Archivo de Seguridad Nacional señalaron que la información “hubiera ofrecido pistas críticas” si se hubiera compartido de inmediato y cuestionaron la lentitud de los gobiernos de México y Estados Unidos para proporcionar los datos a los investigadores del caso.
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