Ciudad Valles, SLP.- Lo que debía ser un regreso a clases normal para Alexa R., de 10 años, se convirtió en un acto de injusticia y abuso de poder por parte de la directora Paulina de los Santos, de la escuela primaria Josefa Ortíz de Domínguez. El pasado 1 de septiembre, la menor fue impedida de ingresar a clases por adeudos de cuotas del ciclo escolar anterior, situación que la ley prohíbe condicionar y que, sin embargo, se permitió gracias al silencio cómplice de la Secretaría de Educación del Estado.
Por falta de pago, Alexa no solo fue excluida de sus compañeros, sino que tampoco recibió libros de texto gratuitos, mochila, útiles escolares ni el paquete alimentario del programa de desayunos escolares, derechos que deberían garantizarse a todos los niños sin importar su situación económica. La menor solo pudo reincorporarse el lunes 8 de septiembre después de que su madre, Karen Marlen Ordóñez, lograra entregar 200 pesos a la directiva.
La familia de Alexa enfrenta condiciones precarias: viven en un terreno prestado en la colonia Lomas Poniente, donde cocinan con leña y carecen de enseres básicos; la abuelita, Claudis Espinoza, se encuentra en silla de ruedas por una fractura de rodilla; y la madre de la niña sufre convulsiones que dificultan conseguir empleo formal. Aun así, ambos se esfuerzan por garantizar la educación y alimentación de Alexa, mientras la escuela actúa sin humanidad ni sensibilidad.
Al ser cuestionada, la presidenta de la sociedad de padres de familia, quien no quiso dar su nombre, defendió a la directora y se deslindó de la responsabilidad: “No podemos andar atrás de cada papá que no entrega documentos como INE, CURP y otros; para eso están los vocales de cada grupo”, dijo, contradiciéndose frente a la realidad de la escuela y evidenciando la protección a la directora pese a las faltas cometidas.
Exalumnos del plantel confirmaron que este tipo de prácticas no es aislado: directivos han retenido documentos oficiales de estudiantes de sexto grado hasta que se pagaran cuotas que supuestamente cubrían gastos de luz del plantel, evidenciando un patrón de abuso sistemático y omisión de la autoridad educativa.
La historia de Alexa R. pone en evidencia no solo la falta de conciencia y sensibilidad de los directivos escolares, sino también la complicidad de la Secretaría de Educación del Estado, que permite que se discrimine y prive de educación a los menores más vulnerables.
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